Rep. Dom. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público que Odebrecht había admitido el pago de sobornos a altos funcionarios en países de América Latina y África, información que remeció las estructuras de la clase política y gubernamental de las naciones donde operó la empresa brasileña, cuyas repercusiones aún continúan y en algunos casos recién empiezan.
Se trataba de la corroboración de que las actividades ilícitas de las constructoras investigadas en Brasil por el caso Lava Jato habían trascendido las fronteras y se extendían a otros territorios. En la nación brasileña las pesquisas se iniciaron en marzo de 2014 y uno de sus momentos cumbres fue el arresto y reclusión de Marcelo Odebrecht, propietario de la compañía, quien tuvo que acogerse a la delación premiada (colaboración) para tratar de reducir su condena.
En Perú, el Ministerio Público ya tenía algunas investigaciones en proceso, originadas en revelaciones periodísticas un año antes, en relación a presuntos pagos de sobornos por las obras vía Interoceánica Sur y la planta de tratamiento de agua de Huachipa, la primera adjudicada a Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo y la segunda, a Camargo Correa en el de Alan García.
A casi dos años de la confesión de la compañía Odebrecht, cabe preguntarse sobre la actuación de las fiscalías o procuradurías generales al respecto. En el siguiente especial del equipo de ‘Investiga Lava Jato’ podrás encontrar algunas respuestas sobre la situación en cinco países de la región.
Informes:
Colombia: fiscal general conocía sobre actos turbios de Odebrecht desde 2015
Desde agosto de 2016, el abogado Néstor Humberto Martínez Neira es Fiscal General de Colombia, elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Entre las investigaciones que lo esperaban en su despacho estaban los sobornos de la firma brasileña Odebrecht, pero se declaró impedido para conocer el caso debido a que fue apoderado de una de las empresas implicadas.
Lo que Martínez nunca dijo es que para ese momento, y desde un año atrás, ya conocía sobre actividades presuntamente ilegales de Odebrecht, no lo denunció y, por el contrario, pidió ocultarlas. Hoy se sabe de esta situación gracias a una entrevista póstuma de Jorge Enrique Pizano, auditor de uno de los contratos, y otras grabaciones reveladas por varios medios de comunicación en los últimos días.
La relación que se conoce del actual Fiscal General con Odebrecht parte de sus negocios privados. Martínez Neira ha sido abogado de cabecera de importantes personajes del sector privado del país, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, quien es dueño del holding empresarial Olcsa, que a su vez controla Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras socia de Odebrecht para la concesión de una obra de infraestructura vial llamada Ruta del Sol.
Fuente: noticiassin.com
