La situación sanitaria que vive el país por el coronavirus puso a prueba la capacidad tecnológica de los magistrados que forman parte del Poder Judicial, pero también de los abogados, fiscales y otros actores de la justicia que se han auxiliado de la tecnología para garantizar el derecho de los ciudadanos en tiempos de emergencia nacional.
El conocimiento de las medidas de coerción a través de video llamadas grupales y la tramitación de los expedientes por correo electrónico y hasta de WhatsApp, se han ido desarrollando de manera progresiva, tanto así que en solo una semana se recibieron 472 solicitudes de medidas de coerción, de las cuales 264 fueron conocidas de manera virtual.
La magistrada Arelis Ricourt Gómez, una de las juezas coordinadoras que ha estado al frente en la implementación de la nueva modalidad, considera que, a pesar del COVID-19, “lo que está pasando en este momento en el Poder Judicial es un paso positivo, que puede seguir implementándose de cara al futuro”.
En una entrevista con Diario Libre la jueza de la jurisdicción de La Vega, reveló que al principio encontraron una leve resistencia de algunos fiscales, abogados y policías que nunca habían realizado su trabajo de manera virtual, sin embargo, según comenta la jueza después de las primeras “pruebas exitosas, ellos se dieron cuenta de que era posible, y con la sinergia de todos los equipos se están conociendo audiencias”.
De acuerdo con la magistrada, cundo van a conocer una medida de coerción, los abogados o policías y hasta los familiares de los imputados o querellantes usan sus teléfonos celulares para conocer la vista sin la necesidad de desplazamiento a un tribunal de forma presencial.
“Todos estos proyectos estaban antes de que apareciera la enfermedad del coronavirus. El plan Justicia 20/24 lo contempla, sin embargo, a raíz de la situación esos planes que eran a mediano plazo se han adelantado”, expresó la jueza en conversación virtual que sostuvo con este medio.
Si un condenado por un crimen o delito cumple su pena durante este estado de emergencia, no se le puede mantener en prisión de forma arbitraria, por eso los jueces de ejecución de la Pena están realizando audiencias y tramitación virtuales para otorgar la libertad a los que han cumplido.
“El Poder Judicial es consciente de que hay unos servicios que no se deben paralizar, porque son fundamentales como los que tienen que ver con la libertad, las defensa y garantías de los derechos fundamentales que consagra la Constitución”, explicó Ricourt Gómez.
Cerró la entrevista con estas palabras: “A todos los abogados y abogadas de la República Dominicana, quiero mandarle el mensaje de que sí se puede y que se pueden modernizar los servicios, sin la necesidad de desplazarnos a los lugares de trabajo. Estamos entrando en esta nueva modalidad, intégrense que nosotros como jueces nos comprometemos a dar la respuesta igual que en lo presencial”.
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