Por: Emilia Santos Frias
La trata y tráfico de personas, persisten en el mundo. Cada día las redes de tratantes, crean nuevas formas de cometer violaciones a derechos humanos, a pesar de las normativas que castigan estos crímenes, la falta de políticas públicas y herramientas fuertes, siguen siendo un desafío.
En la República Dominicana, la Ley 137 define la trata de personas como “la captación, traslado, acogida o recepción de seres humanos, para lo cual se recurre a amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder con fines de explotación.
De igual forma, considera pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes a quien promueva, induzca, constriña, financie, transporte sea por vía terrestre, marítima o aérea, así como a quien colabore en cualquier forma con la entrada o salida ilícita de personas al país.
Tanto la trata, como el tráfico ilícito de personas, en todas sus formas, están prohibidos por la Constitución de la República, y lo estipula en su artículo 41. De igual forma la citada la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en su artículo 13, promueve el desarrollo de políticas con miras a prevenir y combatir esta problemática. Así como, otras normativas como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
El artículo 25 del Código de Protección de la Infancia del 2003, tipifica como delito el ofrecimiento, la entrega o la aceptación, sin tener en cuenta los medios utilizados, de cualquier persona menor de 18 años con fines de explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otro fin que le degrade. Prescribe pena de 20 a 30 años de prisión y pago de multa de hasta 175 salarios mínimos a personas físicas, la cantidad es cinco veces mayor para personas morales.
Sin embargo, en nuestro país, y pese a existir en operación el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH 2018-2022), en los últimos cinco años, traficantes de personas han explotado a personas oriundas y extranjeras en nuestra nación y en el extranjero. Investigaciones concluyen que continúan siendo víctimas, las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, de tráfico sexual, tanto dentro como fuera del Estado.
Entre los lugares con mayor cifra de personas explotadas están, el Caribe, América del Sur y Central, Europa, Medio Oriente y los Estados Unidos. La afirmación la hace el Informe Anual sobre la Trata de Personas 2021, editado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana.
Algunos estudios realizados por instituciones de la Administración pública y por asociaciones de la sociedad civil, indican que hay dificultad para identificar la explotación, cuando se da en el servicio doméstico, y concuerdan en que indefectiblemente, la trata interna está asociada a la internacional. Encontrando hoy en día, a las redes de criminales y tratantes en el entorno familiar e íntimo, es decir, en las familias, comunidades y ambiente de las víctimas.
El informe de la Embajada de los Estados Unidos, asegura que víctimas extranjeras, de Haití y otras partes del Caribe, Asia y América Latina, fueron víctimas de trata en nuestra nación, al ser un destino para los turistas sexuales, provenientes principalmente de Norteamérica y Europa, para vincularse al tráfico sexual de niños, niñas y adolescentes.
Produciéndose en las calles, los parques y las playas, el tráfico de niñas de 15 a 17 años, quienes son engañadas por redes de traficantes que emplean métodos que conectan con la juventud, y mediante el enmascaramiento, ejercen sus perniciosas actividades.
En ese sentido, la consultora independiente, Arabelis Mejía Lebrón, afirma que, la República Dominicana sigue siendo un país de origen, de tránsito y de destino, tanto para migrantes como para personas víctimas de trata. “Es uno de los países de mayor expulsión de mujeres dominicanas víctimas de trata, presentes en más de 66 países y territorios en la actualidad, donde son traficadas, tratadas, o involucradas en el comercio sexual.
Redes de trata y sus estrategias de engaño
Las estrategias de engaño para traficar seres humanos, son cada día más divergentes y novedosas, para hacer posible la introducción, paso y salida ilegal en diferentes países del mundo. El negocio continúa generando enormes beneficios a las y los traficantes. En el citado informe de la embajada estadounidense, encontramos que hoy, los timadores, utilizan los chats de WhatsApp y otras redes sociales, para atraer a menores de edad y a mujeres, con fines de explotarles.
De igual forma, otras investigaciones consultadas, dan cuenta de que a la juventud se le capta mediante invitaciones a fiestas, resort, hoteles, villas y discotecas. Siendo vulnerables según su sexo, creencia, religión, hábitos, actitudes, necesidades, falta de documentos de identidad y electoral, carencias que hacen a sus captores no reconocerles como sujetos de derechos, entre otros aspectos.
Para realizar estos delitos, existe complicidad necesariamente, con o entre agentes del orden y funcionarios públicos, la cual ha sido reiteradamente denunciada. Así como la fragilidad de las instituciones que trabajan el tema, y la falta de capacitación y sensibilización del personal. Asimismo, la voluntad, supervisión y coordinación entre las entidades homologas, para evitar la impunidad y corrupción, que propicia esta violación a derechos humanos.
Causas
Entre los factores y prácticas culturales que llevan a las personas a ser víctimas, de trata y tráfico de personas, está el desempleo; el servicio doméstico; provenir de un hogar en extrema pobreza, con ausencia del padre, la madre o ambos. Además, la unión marital temprana; carencia educativa y falta de reconocimiento de derechos. Controles institucionales inadecuados, desigualdades; estragos del trabajo informal; el trabajo infantil, la falta de documentos y la violencia intrafamiliar y de otro tipo.
También, los bajos salarios y la falta de políticas públicas garantistas. Solo en Latinoamérica y el Caribe la tasa de riesgo de violencia hacia la niñez ronda en más de un 20 por ciento. El Estudio Niños, Niñas y Adolescentes extranjeros en situación o riesgos de Trata en República Dominicana, publicado por Unión Europea y el Instituto Nacional de Migración, del Ministerio de Interior y Policía, en este año 2021, también afirma que nuestro país continúa como lugar de origen, destino y tránsito de diferentes migraciones, que carece de políticas públicas y persecución del crimen. Mientras, la migración de menores de edad es un fenómeno invisible, pues, los informes oficiales no ofrecen datos al respecto.
Avances
Evidentemente el país cuenta con normativas, planes y programas y la cooperación de organizaciones internacionales, para combatir la problemática. En ese sentido, aprobó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños; regulación que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo, que promueve la cooperación para prevenir y combatir este flagelo.
Además, posee la Ley 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de migrantes y Trata de Personas, que sanciona con pena de privación de la libertad y también conlleva multas. De igual forma, el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 2017– 2020 y el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH 2018-2022). Así como, la cooperación nacional e internacional y organizaciones que ayudan a personas extranjeras.
Asimismo, funcionarios públicos, diplomáticos, consulares, de la Dirección General de Migración, Policía Nacional, jueces, fiscales, defensores públicos, personal de turismo, de defensa, inmigración y la sociedad civil, entre otros, reciben capacitación en materia de los derechos de las personas; trata y explotación sexual; detección del delito y los métodos fraudulentos, que emplean los traficantes, en interés de asistir a víctimas, de manera oportuna, prevenir y reportar casos.
Sin embargo, aunque ha habido aumento en los esfuerzos y persecución del delito, con Ley 137-03, la ley requiere demostración de fuerza, ante el delito de tráfico sexual de niños y criminalizar todas sus formas. El país debe firmar y ratificar diferentes instrumentos mundiales para la garantía de los derechos humanos.
Cierre de negocios
Solo en 2019, el Ministerio Público cerró varios establecimientos involucrados en la trata de personas y la explotación sexual, entre barberías, spas, y bares, rescatando a 10 mujeres. También, sometió a la justicia a decenas de personas por su relación con esos delitos.
Ayuda a víctimas
Las victimas necesitan ayuda para disfrutar de salud física y mental, como nos dice la experta María Esther Carbuccia, del Centro de Orientación e Investigación Integral (Coin), ‘’las víctimas deben ser evaluadas sicológicamente para su protección, tomando en cuenta la edad y el sexo’’.
Corrupción y complicidad
La corrupción y la complicidad oficial en los delitos de tráfico de personas siguen siendo motivo de gran preocupación, por eso, la Procuraduría General de la República (PGR) incrementó los esfuerzos para investigar las denuncias de complicidad oficial, en casos de explotación sexual. De igual forma, en noviembre de 2020, investigó a dos diplomáticos designados en Argentina, acusados de tráfico sexual de niños dominicanos, aunque, se desconoce si hubo algún proceso judicial.
Otras indagaciones dan cuenta que investigadores de la Policía Nacional presuntamente, proporcionaron información confidencial a propietarios de clubes nocturnos antes de sus centros de diversión ser objetos de redadas, en interés de ayudarles a evadir su captura, por lo que, fueron suspendidos del cargo.
Se evidencia que las localidades con mayor incidencia de casos de tráfico, son las turísticas y costeras, entre ellas, Santo Domingo, La Altagracia (Higüey, Punta Cana), San Cristóbal, Puerto Plata, Boca Chica, entre otras.
Denegación de justicia
Debido a la pandemia, los tribunales del país, cesaron sus trabajos de manera presencial, de marzo del año 2020, hasta reabrir gradualmente, a partir de julio del mismo año, y aunque se crearon protocolos para audiencias virtuales y presenciales, el número de casos procesados por las fuerzas del orden, tanto a nivel de investigación como en los tribunales disminuyó.
Participación social
El país hace esfuerzos para el combate de estos delitos, es por ello, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, consultó a organismos gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro, organizaciones, agencias internacionales y donantes extranjeros, para modificar la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, a fin de eliminar la disposición que exige la demostración de fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de tráfico sexual de niños.
Gracias a estos encuentros, se creó un proyecto inicial de enmienda, que actualmente está pendiente de ser completado y aprobado en el Congreso Nacional. Además, la PGR solo en 2020, realizó 63 investigaciones (59 por tráfico sexual y cuatro por tráfico laboral).
La Unidad Policial contra la Trata de Personas (UAT) informó que inicio 44 investigaciones ese mismo año, 36 de ellas co-iniciadas por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT). También, hubo otras investigaciones en curso, que permitieron procesar a 42 acusados en 2020, 36 de ellas por tráfico sexual y seis por tráfico laboral.
Los tribunales de Santo Domingo condenaron a dos individuos en febrero de 2020 por trata de personas con fines de explotación sexual, abuso psicológico y agresión sexual de niños; recibieron 25 y 20 años de prisión, respectivamente, y fueron multados con 175 salarios mínimos, y sus bienes les fueron embargados.
Instituciones que combaten el delito
Entre las instituciones que accionan en el combate de esta la problemática están los Ministerios de Relaciones Exteriores (MIREX), Interior y Policía, de la Mujer, Defensa, Turismo, de la Presidencia; Procuraduría General de la República; el Poder Judicial; Congreso Nacional; Tribunal Constitucional; la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Dirección General de Migración (DGM), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante, entre otros.
Desafíos
De acuerdo al Informe Anual sobre la Trata de Personas 2021, de la Embajada de Estado Unidos, la República Dominicana ocupa nivel 2, en tema de trata, porque, no reúne plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, aunque hace esfuerzos significativos para lograrlo, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19. Lamentablemente, este nivel de clasificación es ocupado desde 2012, lo que evidencia ausencia de avances importantes en la lucha contra este delito.
Entre esos esfuerzos está el aumento de investigaciones para detectar también la complicidad oficial en los delitos de trata; el pago de una restitución a las víctimas; refugio y asistencia migratoria para personas extranjeras vulnerables, entre otros. Sin embargo, el informe destaca que el país no ha cumplido las normas mínimas en varias áreas clave, como en aplicar sentencias como lo exige la ley.
Asimismo, no aprobó una ley de trata revisada para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de trata sexual menores de 18 años; no examinó efectivamente a todas las personas vulnerables para detectar indicadores de trata, ni las remitió a servicios. Además, no ha informado cuántas víctimas fueron identificadas y recibieron atenciones. De igual forma, los servicios gubernamentales disponibles para las víctimas, incluidos los refugios, siguen siendo inadecuados.
Recomendación
El informe anual de la Embajada de EE.UU, recomienda, aumentar las investigaciones y los procesamientos penales de los funcionarios públicos, presuntamente cómplices de trata de personas e imponer sentencias más severas. Así como, investigar, procesar y condenar enérgicamente a los traficantes implicados en el trabajo forzado y el tráfico sexual. Al tiempo de, aplicar las sentencias apropiadas que ordena la ley.
De igual forma, examinar de manera proactiva los indicadores de trata entre la población venezolana, haitiana, y otras personas indocumentadas o apátridas en riesgo de deportación. También, en profesionales médicos y deportistas cubanos, moradores en el país, para identificar víctimas, y en caso de hallarlas, remitirlas a servicios de atención y evitar que vuelvan a ser objeto de trata.
Asimismo, readecuar la ley de trata de personas para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción de las víctimas de trata de personas con fines sexuales menores de 18 años, para que sea coherente con el derecho internacional. De igual forma, adoptar y financiar un nuevo plan de acción nacional, y aplicar plenamente los protocolos para identificar a las víctimas de trata de personas, tanto adultas como infantiles, y remitirlas a los servicios de protección.
También, proporcionar presupuesto específico para servicios de asistencia a las víctimas de trata y suministrar refugios determinados, para personas adultas, niños, niñas y adolescentes, víctimas de trata. Al tiempo que, se proporcione recursos humanos y financieros adecuados; formación a las fuerzas de orden público, los fiscales y los jueces para luchar contra la trata, especialmente en las zonas situadas fuera de Santo Domingo. De igual forma, involucrar a personas sobrevivientes en la elaboración, aplicación de las leyes, reglamentos y políticas que combatan la trata de personas.
El Estudio Niños, Niñas y Adolescentes Extranjeros en situación o riesgos de Trata en República Dominicana, editado en este año 2021, por la Unión Europea y el Instituto Nacional de Migración, dependencia del Ministerio de Interior y Policía, recomienda, fortalecer las instituciones que trabajan para combatir la trata y tráfico; asignar mayor presupuesto para accionar en favor de la reducción de la problemática, para que realicen verdadera prevención e investigaciones, también en bateyes y zonas turísticas.
De igual forma, ajustar los planes y protocolos a las necesidades de la población migrante y que la atención incluya la dotación de documentos e intérpretes, para reducir la barrera de idioma. Fortalecer la coordinación entre países; crear centros de acogida para periodos largos y acciones inclusivas con enfoques de derecho y perspectiva de género, para reducir las desigualdades estructurales.
También, revisar los planes, protocolos, casos judiciales y acciones de prevención, desde el enfoque del interés superior de los NNA y los derechos de la mujer, como forma de mejorar la actuación del sistema y evitar que se le revictimice.
En síntesis, el Estado debe proteger a las personas víctimas de trata; su privacidad e identidad. Así como, ofrecer asistencia en salud física y emocional; legal, alojamiento, capacitación y oportunidad para empleo.
La autora es educadora, periodista, abogada y locutora. Reside en Santo Domingo.
