Por: Emilia Santos Frias
La Constitución dominicana prohíbe todo tipo de discriminación para acceder al empleo y durante el tiempo que se preste el servicio. Nuestra ley de leyes, en su artículo 62, reconoce el derecho al trabajo también como un deber, que será ejercido con la protección y la asistencia del Estado, quien creará políticas públicas que fomenten empleos dignos y remunerados, en igualdad y equidad para hombres y mujeres.
De igual forma, nuestra Carta Magna nos precisa que, al accionar este derecho, la persona trabajadora debe gozar de respeto a su dignidad personal, intimidad, capacidad intelectual y física. Además, de libertad sindical, seguridad social, entre otros derechos básicos.
Ante estos postulados rememoramos también, a esa gran cantidad de personas que perdieron sus puestos de trabajo, fruto de la sorpresiva pandemia de la COVID-19, la que, afectó de distintas formas, nos obligó a confinamiento y distanciamiento social, para preservar la vida. Sin embargo, a un año de su aparición, el Estado dominicano mediante el Ministerio de Trabajo, buscó iniciativas para proteger a quienes trabajan. Una de estas acciones fue la Resolución 23-2020 que normaliza el Teletrabajo en nuestro país.
El teletrabajo es una modalidad de condicionada a acuerdo entre la persona empleadora y la persona trabajadora, sujeta a las disposiciones del Código de Trabajo, la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y las demás normas que regulan el trabajo en nuestro país, como bien indica la citada resolución.
Desde que este acto fue dado a conocer el 12 de noviembre del 2020, muchos hombres y mujeres han proporcionado sus servicios a distancia, casi siempre desde sus hogares y en la forma acordada: parcial o total, gracias al uso de herramientas de las tecnologías de la información y comunicación. Con esta medida, menos familias padecen penurias económicas, durante esta gran crisis mundial.
Nos tomó tiempo adaptarnos y accionar ante esta nueva normalidad, pero lo hicimos. Incluso, hemos normalizado la exhibición de buenas prácticas de los protocolos de prevención de la enfermedad. Ya nada podemos hacer para cambiar lo que pasó, en cambio, es mucho lo que podemos hacer, para cambiar lo que viene.
Por eso, ahora los estados deben honrar su compromiso de garantizar derechos fundamentales de su población, y una vía es crear más iniciativas pertinentes, que reviertan la crisis sanitaria y económica. Pero sin lesionar el bolsillo de las y los contribuyentes; de las personas más vulnerables. El Estado dominicano, hoy más que nunca debe proteger todos los derechos de su población. Repito, todos, incluyendo el bienestar de nuestra patria, !es un gran desafío!.
La autora es educadora, periodista, abogada y locutora. Reside en Santo Domingo
