La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) considera que la suspensión del proceso electoral del pasado domingo 16 de febrero ha representado una página negra en la historia democrática de nuestro país, que ha manchado de forma irrevocable la imagen del mismo frente a la comunidad internacional y que ha decretado el punto de caída más bajo de la confianza del pueblo dominicano en este gobierno.
Se ha tratado de una crónica de una muerte anunciada que se venía venir desde meses y que incluso ya había dado señales en las precedentes elecciones del 2016, cuando se invirtieron en ese entonces US$39.7 en los equipos para la automatización del registro y escrutinios de los votos y los mismos fueron un fracaso total, también por el mal manejo de los técnicos que estaban a cargo de ellos.
En este proceso la magnitud de irregularidades, fallos y mal manejo ha obligado la Junta Central Electoral a suspender las elecciones y a fijar nueva fecha para otras, estableciendo un proceso de votación manual, medida que apoyamos completamente.
Sin embargo exigimos que se abra una profunda y exhaustiva investigación de lo ocurrido, ya que ha sido evidente un intento de socavar la democracia a través de un fraude colosal a daño de la voluntad popular de millones de dominicanas y dominicanos que de forma pacífica el domingo se aprestaban a ejercer su derecho al voto.
Es evidente que hay un sector ni tan oscuro, involucrado en el poder, con acceso a tecnología y a procedimientos, que está en la capacidad de quebrantar el Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país y sobre ese aspecto debemos valorar como nulas o inexistentes las preocupaciones de la Procuraduría General de la República, ya que desde las primeras horas de la mañana del domingo pudimos comprobar que de los fiscales electorales designados nadie contestó a las llamadas que se les hacía desde los centros electorales.
Agradecemos también la presencia de los observadores internacionales que pudieron garantizar que las elecciones se suspendieron, sin embargo eso ha definitivamente dejado mal parado el país ante los ojos de la comunidad internacional, rebajándonos a categoría de “república bananera”, sin tener miedo a exagerar en esa valoración.
Nadie podrá reparar el daño moral y económico que le ha costado al país el día domingo 16 de febrero y el daño que le provocará un mes más de campaña electoral y la designación de una nueva fecha electoral.
Condenamos en ese mismo sentido la represión brutal con bombas lacrimógenas que se ha desatado en estas horas en contra de los jóvenes dominicanos que ante ese intento tan burdo y descarado de fraude electoral y la negación de sus derechos civiles y políticos, están protestando pacíficamente en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo frente la Junta Central Electoral.
Consideramos inaceptables las declaraciones del ministro de Defensa de que agredirlos con bombas lacrimógenas ha sido una acción unilateral de un militar; en esos casos sabemos muy bien y el derecho internacional de los derechos humanos así lo establece, que las responsabilidades son siempre y exclusivamente institucionales. Desde tiempo hemos venido denunciando esa práctica de individualizar las respuestas de los agentes de seguridad del Estado a fines de desvincular las instituciones que lo representan de graves violaciones de derechos humanos, y la condenamos firmemente.
Por otro lado pedimos que se preserve la integridad física y psicológica del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y del técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, quienes son investigados por tener conocimiento de una presunta trama para boicotear las elecciones municipales del pasado domingo.
Es por ello que señores Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y Procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, asuman por fin y de una vez por todas su rol como fieles garantes de la ejecución de la Ley Dominicana y de la justicia, cúbranse de honor e investiguen lo que ha pasado con el proceso electoral y aseguren a la justicia los funcionarios, técnicos, políticos y particulares que han tratado de imponer un golpe de estado al país a través de un fraude electoral en el día de ayer, de la misma forma detengan ya ese retroceso gravísimo de los espacios democráticos en nuestra república, retroceso en el que todas las instituciones del país están teniendo su responsabilidad, lo que está definitivamente caracterizando el gobierno actual como represivo y autoritario.
El pueblo dominicano está sediento de paz, justicia social y cambio político y se merece un país diferente y no la caricatura de estado que nos están ofreciendo.
Fuente: https://almomento.net
