SANTO DOMINGO.- Diputadas de todos los partidos políticos se oponen a las sugerencias planteadas por el Ministerio Público, a la Comisión de Equidad y Genero del Senado de la República, de administrar no solo fondos, sino las políticas públicas que le corresponde por ley al Ministerio de la Mujer.
“No vamos a permitir retroceso”, coinciden en afirmar las legisladoras consultadas, quienes aseguran no permitirán que el Ministerio Público ni otra entidad, asuma el rol que le confiere exclusivamente al Ministerio de la Mujer.
Las diputadas pidieron a END, por ética y “hasta tanto en las comisiones sean firmada la posisición oficial”, citar sus nombres, pero prometen ofrecer esta semana una rueda de prensa fijando su posición sobre lo planteado por el MP en el Senado.
La propuesta llevada a la Comisión que preside la senadora Amaralis Santana Cedan, fue planteada el pasado miércoles por el Procurador General de la República, la cual centra todo su contenido en el proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Genero contra Mujeres.
En ese sentido, las diputadas que integran la Comisión de Ministerio Público y de Equidad y Genero de la Cámara de Diputados esta preparando un informe para plantear su posición oficial sobre la propuesta de la PGR.
Y es que, de acuerdo, al proyecto de la autoría del senador Félix Bautista, en sus disposiciones generales, plantea que las instituciones que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las mujeres, deberán registrar el presupuesto asignado dentro del Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad de Género, en materia de prevención y erradicación de violencia de género.
Pero el Ministerio Publico quiere llevar la “vanguardia” en tema e implementación de políticas públicas, cuando en realidad el proyecto involucra a mas de seis instituciones del Estado.
El citado proyecto, al incluir al Ministerio Publico, somo le atribuye funciones a la Procuraduría General Adjunta para asuntos de la Mujer, entre las que se incluyen las de proponer al Consejo Superior la creación y expansión de unidades de atención a las mujeres víctima de violencia; monitorear el cumplimiento de las políticas especializadas para la atención de la violencia en todas las instancias del organismo; diseñar , junto a la Escuela del Ministerio Público, un plan de formación especializada de violencia de género y derechos humanos de las mujeres, y tramitar las quejas de negligencia.
En cuanto a la responsabilidad social, destaca que las privadas, organizaciones sociales y las personas en general, deberán involucrarse activamente en la prevención y denuncia de la violencia contra las mujeres. Esta responsabilidad incluye el aporte para el establecimiento y funcionamiento de casas de acogida, centros de intervención para agresores, centros de recuperación para mujeres víctimas de violencia, o cualquier otro tipo de colaboración.
El proyecto consigna que el Estado promoverá incentivos de reducción o exoneración de impuestos a las instituciones que contribuyan significativamente con recursos económicos para la creación y funcionamiento de los establecimientos señalados.
Acceso a las Justicia
En esta pieza legislativa se crean tribunales o salas especializadas para el conocimiento exclusivo de los casos sobre violencia contra las mujeres, intrafamiliar y delitos sexuales.Se establece que las mujeres que enfrentan actos de violencia tienen derecho a recibir servicios judiciales de forma gratuita y a obtener una respuesta oportuna y efectiva, a la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones,
Recibirán, además, un trato humanizado, evitando la victimización secundaria. Las inspecciones sobre su cuerpo serán debidamente informadas. Tienen derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizadas por personal profesional especializado y formado en derechos humanos y violencia contra las mujeres.
El presupuesto
El proyecto de ley establece que el Poder Legislativo aprobará anualmente una partida del Presupuesto General de la Nación para la aplicación de la presente ley, que se incrementará en la medida en que el logro de los objetivos planteados para cada estrategia requiera una mayor cobertura y ampliación de programas y servicios.
La propuesta señala que todas las instituciones públicas responsables de la aplicación de esta ley, incluirán en sus respectivos presupuestos la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de las funciones que, de acuerdo a la misma y las demás leyes, deben desempeñar. Dicha asignación no podrá ser en ningún caso inferior al 10% del presupuesto institucional.
Sanción por feminicidio
Se amplía de 30 a 40 años la pena de presión en los casos de feminicidios. La tentativa de esta infracción se sanciona con la pena del hecho consumado.
En los casos de violencia física, emocional o sicológica, gineco- obstétrica, ciber violencia, violencia mediática y violencia institucional o de incumplimiento de medidas de protección, se impondrán sanciones no previstas en el Código Penal.
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) tendrá a su cargo la creación e implementación del programa de protección integral para los niños, niñas y adolescentes huérfanos (as) a causa de feminicidio. Defensoría Pública.
Fuente: elnuevodiario.com.do
