Juez del Tribunal Constitucional ve con preocupación migración ilegal haitiana

MONTECRISTI. El juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, consideró este viernes aquí que la migración haitiana descontrolada ha colocado en peligro la integridad de la soberanía dominicana.

“Se trata de un peligro superior al de las drogas, superior al de la delincuencia, superior a las deficiencias en el ámbito de la salud y de la educación, así como más grave que todos los demás problemas que nos afectan”, externó el magistrado Castellanos durante la conferencia “La soberanía dominicana”, dictada en el marco de la presentación de los jueces del TC en esta localidad fronteriza y que estuvo encabezado por el presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara.

Durante su intervención, Pizano lamentó que las leyes migratorias no se aplican con el rigor necesario.

En ese sentido, el juez sostuvo que el descontrol de las autoridades sobre la migración ilegal pone en juego el desarrollo social y económico del país, la preservación de la nacionalidad y la identidad dominicana, así como la existencia como país soberano.

El magistrado Castellanos Pizano dijo que en el presente Haití pretende, nuevamente, ocupar el país.

“No mediante las armas, ni militarmente, como lo hizo de 1822 a 1844, así como en otras 16 ocasiones, sino que se trata de una invasión pacífica, gradual, pero indetenible, de centenares de miles de haitianos indocumentados, cuya totalidad asciende, según los expertos, a más de millón y medio de personas”, expresó.

El magistrado Castellanos Pizano resaltó que la “invasión pacífica” de haitianos está presente el ámbito laboral y trasciende al sector de la salud, refiriéndose a la asistencia médica prestada a las parturientas haitianas en los hospitales dominicanos.

En la actividad también participaron los magistrados Hermógenes Acosta, Justo Pedro Castellanos, Jottin Cury y Katia Miguelina Jiménez.

En la misma participaron jueces, fiscales, abogados, estudiantes, profesores y otros relacionados al área judicial.

El sacerdote católico Alejandro Peña, de la parroquia San Martín de Porres, tuvo a su cargo la bendición del acto, que se desarrolló en la Gobernación provincial de aquí.

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