Los legisladores afirmaron que ese recurso pretende introducir disposiciones que fueron ampliamente debatidas y rechazadas por el Congreso Nacional en el ejercicio de sus facultades constitucionales, por lo que consideraron que corresponde al Poder Legislativo, y no a la Alta Corte, decidir sobre ese tipo de reformas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – Un grupo de diputados defensores de la vida expresaron este miércoles su rechazo a la acción directa de inconstitucionalidad sometida ante el Tribunal Constitucional (TC), mediante la cual se busca que, por vía de sentencia, sean incorporadas al nuevo Código Penal las tres causales para la despenalización del aborto.
Los legisladores afirmaron que ese recurso pretende introducir disposiciones que fueron ampliamente debatidas y rechazadas por el Congreso Nacional en el ejercicio de sus facultades constitucionales, por lo que consideraron que corresponde al Poder Legislativo, y no a la Alta Corte, decidir sobre ese tipo de reformas.
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La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Lidia Pérez, quien habló en nombre de sus compañeros sostuvo que la Constitución dominicana es clara al establecer, en su artículo 37, que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, por lo que afirmó que ese mandato constitucional debe ser respetado por todos los poderes públicos.
Asimismo, aseguró que la legislación vigente ya contempla mecanismos para proteger la vida de la mujer cuando enfrenta un peligro vital, indicando que el artículo 111 del nuevo Código Penal permite la intervención del personal médico para salvar la vida de la madre, del feto o de ambos, cuando las circunstancias lo requieran, por lo que ningún profesional de la salud será sancionado por actuar para preservar la vida de una paciente.
La diputada expresó su oposición a las tres causales que se pretende incorporar al Código Penal argumentando que la causal basada en la salud, por su amplitud podría vaciar de contenido la protección constitucional del derecho a la vida; que la inviabilidad fetal resulta incompatible con los principios de dignidad e igualdad consagrados en la Constitución; y que, aunque reconocen el profundo dolor que representan los embarazos producto de violación o incesto, pero señaló que el concebido no puede ser considerado responsable del delito cometido por un tercero.
«El concebido no es el agresor y el deber del Estado debe ser perseguir el culpable y garantizar a la víctima atención, protección, justicia y no retirar la protección de la constitucionalidad. Nosotros como diputados queremos externar nuestra firmeza frente a todo lo que hemos legislado aquí y recordarles al Tribunal Constitucional que recuerde que es el órgano encargado de velar porque se cumplan los principios de la Constitución; no le corresponde legislar», subrayó Pérez.
Los legisladores reafirmaron su compromiso con las decisiones adoptadas por el Congreso durante la aprobación del nuevo Código Penal y exhortaron al Tribunal Constitucional a ejercer su función de garante de la Constitución, respetando las competencias que esta atribuye al Poder Legislativo.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
