La empresa distribuidora reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades en la persecución de los delitos eléctricos y recordó que las violaciones a la Ley General de Electricidad pueden ser castigadas con penas de entre tres y diez años de prisión, además de multas económicas establecidas por la legislación vigente.
ESPAILLAT, REPÚBLICA DOMINICANA.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Moca impuso tres meses de prisión preventiva a Nicolás Guzmán, acusado de cometer acciones que presuntamente atentaron contra la seguridad del sistema eléctrico nacional en la provincia Espaillat.
La medida fue dictada por el juez Sandy Castillo, quien acogió los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público y la representación legal de Edenorte Dominicana durante el conocimiento de la solicitud de coerción.
De acuerdo con la acusación, Guzmán habría participado en la destrucción de equipos de medición eléctrica y en la realización de conexiones irregulares en el sector Villa Progreso, paraje El Semillero, hechos que son investigados por las autoridades.
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Según el expediente las acciones atribuidas al imputado estarían contempladas en el artículo 124 de la Ley General de Electricidad 125-01, que sanciona los actos que causen daños a las infraestructuras eléctricas, afecten la continuidad del servicio o impliquen la manipulación ilegal de componentes del sistema energético.
Durante la audiencia, el tribunal evaluó pruebas audiovisuales y documentales que según las autoridades, muestran la conducta del imputado durante intervenciones técnicas realizadas en la zona por personal vinculado al servicio eléctrico.
El juez consideró que la gravedad de los hechos investigados y los riesgos procesales presentes en el caso justificaban la imposición de prisión preventiva como medida cautelar mientras continúan las investigaciones.
Edenorte sostuvo que este tipo de acciones no solo provocan pérdidas económicas, sino que también afectan la estabilidad del servicio eléctrico y representan riesgos para las brigadas técnicas encargadas de realizar labores de inspección, mantenimiento y regularización.
En el proceso participaron representantes de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), encabezados por la magistrada Ydania Rodríguez, junto al equipo legal de Edenorte representado por la abogada Luisa Rosa García Polanco.
La empresa distribuidora reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades en la persecución de los delitos eléctricos y recordó que las violaciones a la Ley General de Electricidad pueden ser castigadas con penas de entre tres y diez años de prisión, además de multas económicas establecidas por la legislación vigente.
FUENTE: https://elnuevodiario.com.do/
