SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará la decisión de la jueza Altagracia Ramírez que otorgó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el caso Calamar.
Camacho sostuvo que el órgano acusador no comparte la valoración realizada por el tribunal respecto a algunas de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar. “Desde ahora le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión”, afirmó al ser abordado por periodistas tras la lectura del fallo.
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El titular de la Pepca argumentó que la jueza incurrió en una “errónea apreciación de varias pruebas”, al señalar que acogió testimonios como los de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, pero que esos mismos elementos no fueron tomados en cuenta al momento de dictar algunos de los autos de no ha lugar.
“De la sola lectura de la decisión del tribunal se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas”, expresó Camacho. Agregó que uno de los favorecidos con auto de no ha lugar figura en documentos aportados por el Ministerio Público que según dijo contienen evidencias relevantes para el proceso.
No obstante, el procurador valoró como positiva la decisión de enviar a juicio a la mayoría de los acusados. Indicó que de las 40 personas físicas y jurídicas incluidas en el expediente, 35 fueron enviadas a juicio de fondo, incluyendo al exministro de Hacienda Donald Guerrero y al abogado Ángel Lockward.
“Treinta y cinco personas de 40 han sido enviadas a juicio, es un triunfo. Aun así, el Ministerio Público va a apelar porque entiende que los 40 debieron ser enviados a juicio”, manifestó Camacho.
La jueza Ramírez dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias, mientras ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, Ángel Lockward y otros imputados señalados por el Ministerio Público de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría ocasionado pérdidas millonarias al Estado.
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