Dictan auto de no ha lugar a favor de Gonzalo, Peralta y otros; Donald y Ángel Lockward van a juicio de fondo

Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, fue exonerado junto a otros acusados en un caso de corrupción administrativa por un juzgado del Distrito Nacional. La decisión implica que Castillo y otros no enfrentarán juicio, mientras que el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros sí serán enjuiciados, pasando a una nueva fase donde se evaluarán las pruebas y argumentos.

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó este viernes auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y otros acusados en el caso de presunta corrupción administrativa, al considerar que no procede el envío de esos imputados a juicio de fondo.

La decisión fue emitida por la jueza Altagracia Ramírez, luego de concluir el conocimiento de la etapa preliminar del proceso, durante la cual fueron examinadas las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público y las defensas.

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Con esta decisión, Castillo, el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, así como Marcial Reyes y Rosa Arias, no tendrán que enfrentar un juicio de fondo por los hechos que les atribuía el órgano acusador.

En contraste, la magistrada ordenó la apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, al considerar que las imputaciones formuladas por el Ministerio Público deben ser debatidas en una fase de fondo, donde un tribunal determinará la responsabilidad penal o la inocencia de los acusados.

Junto a ellos también fueron enviados a juicio de fondo Princesa Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Caamaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Mabel Mejía, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.

El Ministerio Público sostenía que los acusados formaban parte de una presunta red que habría provocado un perjuicio económico al Estado superior a los RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones, contratos, deudas administrativas y otros mecanismos.

Con esta resolución concluye una etapa clave del proceso judicial. Mientras algunos de los imputados quedaron desvinculados del expediente por decisión del tribunal, los acusados enviados a juicio deberán enfrentar una nueva fase en la que serán debatidas las pruebas y argumentos de las partes.

FUENTE: https://elnuevodiario.com.do/

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