En el documento, Torres indicó que fue objeto de investigación tras ser mencionado en el proceso, pero que las conclusiones establecieron que actuó como representante legal de una familia en un litigio contra el Estado, del cual —según afirmó— obtuvo una sentencia favorable y recibió los honorarios correspondientes.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El abogado y exdirector de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Merido Torres, aseguró este miércoles en una carta pública que su vinculación al expediente del denominado caso Calamar se limitó al ejercicio de su profesión, sin participación en los hechos investigados.
En el documento, Torres indicó que fue objeto de investigación tras ser mencionado en el proceso, pero que las conclusiones establecieron que actuó como representante legal de una familia en un litigio contra el Estado, del cual —según afirmó— obtuvo una sentencia favorable y recibió los honorarios correspondientes.
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“El resultado de dicho proceso determinó que mi participación se limitó al ejercicio legítimo de mi profesión como abogado”, expresó.
El caso Calamar, que investiga presuntos actos de corrupción administrativa, incluyó en su expediente referencias a pagos por terrenos, entre ellos uno en el que Torres fue señalado como “supuesto propietario”, por un monto superior a RD$32 millones, según documentos presentados por el Ministerio Público en marzo de 2023.
En ese contexto, el jurista sostuvo que su condición dentro del proceso es la de testigo de los hechos y no de imputado, al tiempo que reiteró que no ha sido citado por las autoridades ni figura como acusado en la solicitud de medida de coerción presentada en ese momento.
Torres también señaló que solicitó una licencia en abril de 2023 de sus funciones al frente de la Utect, con el objetivo de someterse al escrutinio público e institucional tras las acusaciones que calificó como infundadas.
Asimismo, afirmó que fue auditado por la Contraloría General de la República y que los resultados respaldaron su gestión.
Indicó además que existen certificaciones emitidas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y comunicaciones a la unidad antifraude que, según expuso, documentan estos procesos.
En la carta, el exfuncionario informó que hará públicas decisiones judiciales y documentos oficiales que, asegura, confirman su desvinculación del expediente.
Previamente, en declaraciones ofrecidas en 2023, Torres había indicado que los pagos recibidos correspondían a honorarios profesionales derivados de una sentencia ganada en representación de terceros, y negó cualquier participación en una estructura delictiva vinculada al caso.
El expediente Calamar continúa bajo conocimiento de las autoridades judiciales, mientras el Ministerio Público mantiene la acusación contra los imputados en el proceso.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
