El Frente Amplio recordó que, desde el inicio, advirtió sobre el peligro que representaba cualquier intento de modificar, reducir o reinterpretar los límites de un parque nacional por vía judicial, especialmente cuando se trata de áreas protegidas que forman parte del patrimonio natural de la República Dominicana y que deben ser resguardadas conforme a la Constitución, la ley y el principio de no regresión ambiental.
Santo Domingo, República Dominicana: – La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Frente Amplio saludó la reciente decisión emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante la cual se acoge la demanda en dificultad de ejecución interpuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales frente a una sentencia anterior que podía afectar los límites del Parque Nacional Jaragua.
La organización política valoró la sentencia núm. 0030-1643-2026-SSEN-0020, de fecha 24 de abril de 2026, como un paso importante en la defensa del patrimonio ambiental de la nación, al reconocer la existencia de imprecisiones e inconsistencias técnicas y jurídicas en la decisión previa, lo que impedía su ejecución en los términos originalmente planteados.
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El Frente Amplio recordó que, desde el inicio, advirtió sobre el peligro que representaba cualquier intento de modificar, reducir o reinterpretar los límites de un parque nacional por vía judicial, especialmente cuando se trata de áreas protegidas que forman parte del patrimonio natural de la República Dominicana y que deben ser resguardadas conforme a la Constitución, la ley y el principio de no regresión ambiental.
“La decisión del TSA confirma que no se puede actuar con ligereza frente a un tema tan delicado como la delimitación de un parque nacional. El Parque Nacional Jaragua es un bien patrimonial de la nación, inalienable, inembargable e imprescriptible, y su protección debe estar por encima de intereses particulares”, manifestó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Frente Amplio.
Asimismo, la organización política destacó que el tribunal haya establecido la necesidad de contar con informes técnicos válidos y oficiales, al señalar que uno de los documentos usados como base en la sentencia anterior no correspondía a un informe de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, sino a un documento elaborado por un agrimensor privado, lo que impedía utilizarlo como sustento técnico suficiente para afectar la delimitación del área protegida.
El FA consideró que esta decisión contribuye a preservar la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y delimita correctamente las competencias institucionales, al dejar claro que la protección de los parques nacionales no puede depender de interpretaciones aisladas ni de actuaciones que desborden el marco legal vigente.
Además, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteró su compromiso de mantenerse vigilante ante cualquier acción que pretenda afectar el Parque Nacional Jaragua o cualquier otra área protegida del país.
