“En el enfoque terapéutico las partes trabajan en equipo y unidas hacia la recuperación. Mientras el proceso tradicional es adversativo, este es colaborativo”, afirmó la magistrada puertorriqueña. El consenso entre las magistradas fue claro: la justicia del futuro debe ser capaz de sanar las causas del delito, y no solo castigar sus consecuencias.
Santo Domingo, República Dominicana.- Un estudio de viabilidad ha puesto sobre la mesa una realidad contundente: el 70% de los delitos menores procesados en el Distrito Nacional están directamente relacionados con el consumo problemático de sustancias.
Así lo reveló la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de esta jurisdicción, al exponer los avances de un programa piloto centrado en la justicia restaurativa y terapéutica.
Durante su intervención en el panel “Tratamiento bajo Supervisión Judicial Posible”, celebrado en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Romero explicó que este modelo busca transformar el sistema tradicional.
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En lugar del enfoque adversativo —donde las partes se enfrentan—, se propone uno colaborativo donde el tribunal supervisa de cerca la recuperación del procesado.
Una mirada humana ante el conflicto legal
El programa permite seleccionar a imputados con dependencia a narcóticos bajo estrictos criterios jurídicos y sanitarios.
Según la magistrada, esto facilita una intervención de salud que trasciende los tribunales y ofrece una salida a los miles de procesos estancados por infracciones menores.
“Lo que se trata es de tener una mirada más humana. El juez sigue siendo juez, pero entiende que la persona tiene factores de riesgo y un tema de salud recurrente”, subrayó Romero, aclarando que el objetivo es fortalecer el rol judicial con herramientas médicas.
El modelo de Puerto Rico: Salud pública y ahorro millonario
El panel contó con la participación de la jueza administradora de Bayamón, Puerto Rico, Carmen Otero, quien destacó que en la vecina isla la justicia terapéutica es una política de Estado consagrada en la Constitución.
Otero presentó cifras que invitan a la reflexión económica: el confinamiento carcelario en Puerto Rico le cuesta al Estado aproximadamente 343 millones de dólares anuales.
En contraste, los programas de prevención y tratamiento supervisado no solo resultan más económicos, sino que garantizan una rehabilitación moral y social más efectiva.
“En el enfoque terapéutico las partes trabajan en equipo y unidas hacia la recuperación. Mientras el proceso tradicional es adversativo, este es colaborativo”, afirmó la magistrada puertorriqueña.
El consenso entre las magistradas fue claro: la justicia del futuro debe ser capaz de sanar las causas del delito, y no solo castigar sus consecuencias.
Un referente regional en innovación
Estas ponencias se desarrollaron dentro del Plan de Optimización del Proceso Penal, un eje central de la Conferencia del Poder Judicial 2026.
Este evento posicionó a la República Dominicana como un referente en modernización jurídica, logrando reunir a 68 expositores internacionales, representantes de 25 países, más de 6,000 participantes en una jornada inmersiva de tres días.
FUENTE: https://listindiario.com/
