El análisis establece que este tipo de contratación constituye, además, una excepción al principio de libre competencia, por lo que su uso debe ser estrictamente justificado, verificable y debidamente acreditado. En ese sentido, se señala que la Administración está obligada a demostrar que existe un único proveedor posible y que no hay sustitutos razonables en el mercado.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El Comité de Compras y Contrataciones de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) canceló un proceso de contratación bajo modalidad de exclusividad, luego de que un informe técnico-jurídico advirtiera que el procedimiento podía comprometer la correcta aplicación del marco normativo vigente, incluyendo la Ley de Contrataciones Públicas.
El análisis establece que este tipo de contratación constituye, además, una excepción al principio de libre competencia, por lo que su uso debe ser estrictamente justificado, verificable y debidamente acreditado. En ese sentido, se señala que la Administración está obligada a demostrar que existe un único proveedor posible y que no hay sustitutos razonables en el mercado.
Esta noticia le puede interesar; ❤️ EL AMOR ❤️ YO AMO MI HAITIANO, DICE DOMINICANA
El informe advierte que cualquier debilidad en la motivación, en la prueba de exclusividad o en el análisis de mercado podría derivar en observaciones administrativas, nulidad del proceso o responsabilidades para los funcionarios actuantes.
Asimismo, destaca que tras la evaluación del expediente se identificaron elementos que requerían una revisión más profunda, entre ellos la suficiencia del análisis de mercado, la documentación que sustentaba la exclusividad y la posible existencia de alternativas técnicas o funcionales.
En ese contexto, las autoridades decidieron cancelar el procedimiento en fase precontractual con el objetivo de salvaguardar la legalidad, evitar riesgos jurídicos y permitir una eventual reformulación del proceso bajo condiciones más sólidas.
La decisión se enmarca en el principio de juridicidad que rige la administración pública, el cual obliga a prevenir actuaciones potencialmente inválidas y garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
