Durante la fase de conclusiones del juicio de fondo, el abogado Carlos Moreno enfatizó que la acusación se basa en la teoría de que parte del dinero ilícito era depositado o entregado a Rosario Pirón, pero señaló que ese supuesto nunca fue confirmado por los testigos presentados en el proceso.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – La defensa del mayor de la Policía Nacional José Manuel Rosario Pirón, exencargado de Tesorería del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), aseguró este martes ante el tribunal que el Ministerio Público no presentó pruebas testimoniales que demuestren que su cliente recibiera dinero producto de una presunta estafa contra el Estado liderada por militares, policías y civiles.
Durante la fase de conclusiones del juicio de fondo, el abogado Carlos Moreno enfatizó que la acusación se basa en la teoría de que parte del dinero ilícito era depositado o entregado a Rosario Pirón, pero señaló que ese supuesto nunca fue confirmado por los testigos presentados en el proceso.
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“La acusación sostiene que el dinero se le depositó a Pirón mediante transferencias o registros electrónicos, pero esa prueba nunca fue presentada”, expresó Moreno durante la parte final del juicio de fondo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Dijo que, conforme al derecho penal y la jurisprudencia, la validez de un testimonio debe evaluarse tomando en cuenta la coherencia, la credibilidad y la corroboración externa.
En ese sentido, consideró que en el proceso no existen documentos, transferencias bancarias, registros financieros ni evidencias materiales que respalden las declaraciones.
Moreno indicó que, de 10 testigos a cargo contra su cliente, solo uno expresó haber entregado dinero a su defendido.
Según el abogado, el único testigo que mencionó directamente a su cliente fue Bernardo Jaime Toribio Álvarez, identificado como testigo 204. Este declaró haber recibido en su cuenta bancaria dos depósitos, uno de 94 mil pesos y otro de 20 mil, que supuestamente llegaron por error.
De acuerdo con el testimonio citado por la defensa, el primer monto fue entregado al capitán Pedro Castillo, financiero del Cusep, mientras que el segundo habría sido devuelto a un mayor tras una llamada telefónica en el parqueo del Palacio Presidencial.
Sin embargo, Carlos Moreno manifestó que, durante el contrainterrogatorio, el testigo admitió que no tenía pruebas que demostraran que entregó ese dinero a Rosario Pirón, ni podía asegurar que la llamada proviniera de él o que se tratara de su voz.
Además, declaró que el Ministerio Público no presentó documentos, vouchers, transferencias bancarias ni ninguna otra evidencia que corroboró su versión.
Rosario Pirón se desempeñó como encargado de Tesorería del Cusep entre 2012 y 2020, período en el que tenía entre sus responsabilidades emitir comprobantes de ingreso, controlar el registro de cheques, reportar ingresos a la Intendencia General, depositar fondos recibidos, custodiar la caja chica y remitir expedientes al departamento de contabilidad.
El Ministerio Público solicitó para el procesado 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos, a quien vincula como una de las cabezas recolectoras de dinero de la corrupción por parte de la alegada estructura criminal.
El caso involucra a altos mandos militares, entre ellos generales y coroneles, acusados de desviar fondos públicos mediante nóminas fraudulentas, proveedores fantasmas y adquisición irregular de propiedades, en una red que habría operado entre 2012 y 2020.
Según la acusación, el general Adán Cáceres Silvestre encabezaba la estructura, compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que presuntamente sustrajo más de RD$4,500 millones del Cusep, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y testaferrato.
El juicio de fondo se encuentra en la etapa de discusiones finales, en la que el tribunal, integrado por las juezas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Tania Yunes Sánchez y Jissel Naranjo Tejada, escucha los argumentos y conclusiones de las partes antes de emitir su decisión.
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