ACIS advierte que la Ley 98-2025 genera inseguridad jurídica y podría afectar el clima de inversión

La entidad reconoció la facultad del Congreso Nacional para legislar en asuntos de interés público, pero subrayó que toda normativa debe ajustarse a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido proceso y seguridad jurídica, tal como lo establece la Constitución de la República y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional.

SANTIAGO, República Dominicana:  – La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) expresó su preocupación institucional tras la promulgación de la Ley núm. 98-2025, al considerar que varios de sus artículos introducen incertidumbre jurídica, debilitan la confianza del sector productivo y podrían entrar en conflicto con principios constitucionales fundamentales.

Mediante una rueda de prensa, la entidad reconoció la facultad del Congreso Nacional para legislar en asuntos de interés público, pero subrayó que toda normativa debe ajustarse a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido proceso y seguridad jurídica, tal como lo establece la Constitución de la República y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional.

Según el análisis realizado por la ACIS, la Ley 98-2025 contempla disposiciones que podrían traducirse en cargas excesivas para la actividad comercial e industrial, además de otorgar amplias facultades discrecionales a la administración pública sin una delimitación clara de los mecanismos de control, lo que incrementa el riesgo de interpretaciones arbitrarias y conflictos legales innecesarios.

“La seguridad jurídica es un pilar esencial para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos. Cualquier normativa que genere ambigüedad o discrecionalidad excesiva impacta negativamente la competitividad y la estabilidad institucional del país”, señaló la asociación.

La ACIS enfatizó que el respeto a la libertad de empresa, la igualdad ante la ley, la confianza legítima y la tutela judicial efectiva no representan privilegios para el sector privado, sino garantías constitucionales indispensables para el crecimiento sostenible y la paz social.

En ese contexto, el gremio hizo un llamado respetuoso pero firme a los poderes públicos para impulsar una revisión técnica, jurídica y constitucional de la Ley 98-2025, y promover un proceso de diálogo amplio e inclusivo que involucre al sector productivo, la academia, los gremios profesionales y la sociedad civil organizada.

Finalmente, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional, el respeto a la Constitución y las leyes, y la construcción de un marco normativo claro, equilibrado y previsible que fomente la inversión, la productividad y el desarrollo integral de la República Dominicana.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

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