¿Se ejecutará la prisión contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte?

"Y también está la circunstancia particular, en el caso también concreto de ella, de la conformación del recurso que se le habilitó sobre un recurso de casación de una decisión rendida por la Segunda Sala de la SCJ, que hasta la colocó a ella en una situación inédita que antes no se había registrado", añadió el exjuez de la SCJ.

Santo Domingo, República Dominicana.- El procurador adjunto Pedro Amador Espinosa, quien encabezó la investigación y el sometimiento de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, aseguró el viernes que la confirmación de la sentencia que la condena a cinco años de prisión, por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), "es ejecutoria".

Amador Espinosa afirmó a Diario Libre que, aunque sus abogados pueden recurrir en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, "el recurso no interrumpe" que se ejecute la condena.

El procurador calificó la decisión contra la excongresista como "trascendental" y "un precedente nunca antes visto en la historia de administración de justicia" en el país, por haberse pronunciado a unanimidad de los cinco magistrados de la Segunda Sala de la SCJ, en función de tribunal de jurisdicción privilegiada, cuando todavía esta era diputada del partido de Gobierno, y por el fallo ratificado este viernes en todas sus partes por el Pleno.

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Infografía

Además de la condena a cinco años de prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia Santiago, Amador cuantificó en más de 4 mil millones de pesos el valor de los 13 inmuebles que la SCJ ordenó decomisarle.

  • Sin embargo, sostuvo que las sentencias "no son para celebrarlas sino para aprender de ellas, de que el brazo de la ley alcanza a todos por igual".

Pedro Amador, junto a los también procuradores adjuntos Fernando Quezada García y Pelagio Alcántara Sánchez, representaron al Ministerio Público en la acusación de la exlegisladora de la provincia de La Vega y cuya familia igualmente enfrenta a la justicia por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

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