De acuerdo a lo informado en el documento, las acciones de los Oruña era con el propósito extender un contrato que tenían con el Intrant, que ya había vencido y que consistía en instalar y operar el sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el territorio nacional.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El presidente Luis Abinader se refirió este lunes a la querella interpuesta por el supuesto soborno y chantaje contra empresa Dkolor de parte de Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison.
Sobre dicha denuncia que fue interpuesta el pasado viernes 4 de julio del presente año ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser preguntado en LA Semanal con la Prensa de este lunes el mandatario se limitó a decir, “ese proceso está en la justicia, lo importante es que la justicia le dé el curso que considere”.
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Lo que establece la querella
En la denuncia se detalla que los sobornos consistían en oferta de dinero de hasta un millón de dólares, además de amenazas personales, presión institucional a funcionarios clave del Intrant.
De acuerdo a lo informado en el documento, las acciones de los Oruña era con el propósito extender un contrato que tenían con el Intrant, que ya había vencido y que consistía en instalar y operar el sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el territorio nacional.
El contrato suscrito originalmente en enero de 2020 por un período de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias. A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del INTRANT, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional.
Calificativos de los hechos imputados
Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley núm. 448-06, asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley núm. 155-17, estafa contra el Estado y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. Además se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el órgano persecutor.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
