La empresa acordó hacer una revisión de las normas relativas al reasentamiento involuntario para verificar en cuales aspectos las mismas pueden corresponderse a ser alineadas y aplicadas a favor de las comunidades, para lograr los objetivos de estándar. Para estos fines, la empresa se compromete a externar su respuesta a través del Defensor del Pueblo en un plazo de 10 días a partir del jueves 30 de enero del 2025.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – La comisión mediadora en el conflicto entre la Barrick Gold y comunitarios de Cotuí asistieron este lunes, a su tercera reunión en la cual llegaron a un acuerdo en cuanto a los estándares medioambientales y sociales y las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental en la zona.
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Además, la empresa acordó hacer una revisión de las normas relativas al reasentamiento involuntario para verificar en cuales aspectos las mismas pueden corresponderse a ser alineadas y aplicadas a favor de las comunidades, para lograr los objetivos de estándar. Para estos fines, la empresa se compromete a externar su respuesta a través del Defensor del Pueblo en un plazo de 10 días a partir del jueves 30 de enero del 2025.
La próxima reunión sería para el 4 de febrero a las 10:00 de la mañana en la Universidad Católica del Cibao (Ucatesi), para seguir con la agenda de trabajo que se ha definido para fines de mediación.
El acto estuvo encabezado por el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, así como por los representantes de las comunidades, de la empresa y de la Diócesis de La Vega.
Precios de tierras
Aunque en esta reunión no se tocó el precio de las tierras, de acuerdo a la tasación de Barrick basada en el valor de reposición tienen precios que oscilan entre los 42,064.45 pesos y los 46,491.62 pesos por tarea de terreno agrícola y pasto mejorado.
Sin embargo, la comisión en la que participan miembros no residentes en la zona, piden que el valor por tarea sea de 177,887.50 pesos.
Esto representa un alza de entre 282.6 % y 322.8 % más que la tasación, sin contar que la comisión también pide un pago adicional por los cultivos y las infraestructuras.
El conflicto se originó a raíz del reasentamiento de las familias afectadas que habitan en la zona de impacto minero de la empresa.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
