Mazza dijo que World no ofrece dinero por su servicio de verificación de prueba de humanidad, y que el propósito de la red nunca ha sido intercambiar sus servicios por dinero o monedas digitales. «World no ofrece dinero por su servicio de verificación de prueba de humanidad. El propósito de la red nunca ha sido intercambiar sus servicios por dinero o monedas digitales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: . – A más de un mes de que el Instituto Nacional de Protección del Consumidor (Proconsumidor) suspendiera las operaciones de Worlcoin Foundation por presuntas «cláusulas abusivas», ejecutivos de la empresa aparecieron para defender sus operaciones y anunciar que este jueves reabrirán sus puertas en el país, gracias a una medida cautelar que impuso.
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En un encuentro con miembros de la prensa, Martin Mazza, director regional para Tools for Humanity (TFH); y Lorena Buzón, directora de Asuntos Públicos para Latinoamérica Hispanohablante de TFH, aseguraron que no necesitan permisos explícitos y que cumplen con las leyes correspondientes para operar en el país.
«No necesitamos permiso explícito para operar en lo que hacemos», dijo Buzón. Quien fue respaldada por Mazza: «No se requiere de la misma forma que no necesitas permiso para acceder a Netflix o Spotify… nosotros adherimos nuestros términos y condiciones a marcos regulatorios muy estrictos y avanzados.
Asimismo, garantizaron que no almacenan datos personales sino que los mismos son de manera ánima y lo que se busca es que se verifique que «eres un humano único en Internet».
Mazza dijo que World no ofrece dinero por su servicio de verificación de prueba de humanidad, y que el propósito de la red nunca ha sido intercambiar sus servicios por dinero o monedas digitales. «World no ofrece dinero por su servicio de verificación de prueba de humanidad. El propósito de la red nunca ha sido intercambiar sus servicios por dinero o monedas digitales. World está construido sobre una red cripto que permite generar valor y devolver la propiedad de la misma a la comunidad», dijo.
Mientras, Buzón, aunque sostuvo que no necesitan permisos para operar en el país, manifestó que antes de iniciar operaciones en un país, la empresa lleva a cabo revisiones completas del marco jurídico aplicable, y se asesora en las materias pertinentes, poniéndose a disposición de legisladores y otros actores públicos para invitarlos a conocer más sobre la red, su misión, los aspectos clave de su tecnología y los desafíos que busca resolver en la era de la inteligencia artificial.
Añadió que World está diseñado para cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluidos algunos de los marcos regulatorios más estrictos.
En la conferencia de prensa, garantizaron que World es la solución más segura y privada para verificar la humanidad en línea, garantizando anonimato y el consentimiento informado de los usuarios, sin requerir datos personales.
Sostuvieron que el objetivo de World es «diferenciar la humanidad de la artificial en internet con un enfoque prioritario en la privacidad y la protección de datos».
Además, aseguraron que están abiertos a cualquier diálogo que requieran las autoridades, para hablar acerca de sus objetivos.
Contexto
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ordenó en noviembre, el cese inmediato de las operaciones de la empresa Worldcoin Foundation debido a las alegadas “cláusulas abusivas” en los contratos de adhesión que firma con los ciudadanos que ofrecen sus datos biométricos a cambio de criptomonedas.
La entidad explicó que suspendería las actividades comerciales de la empresa hasta que se completen las investigaciones y verificaciones pertinentes sobre la documentación presentada, para garantizar la integridad de sus prácticas comerciales.
Según Pro Consumidor, los contratos de Worldcoin Foundation no cumplen con las normativas establecidas en la ley 358-05 y las Resoluciones 01-2009 y 008-2002, que regulan los contratos de adhesión en el país. Además, la empresa transgrede la ley 172-13 sobre protección de datos personales.
Añadió que los análisis revelaron que los contratos carecen de información esencial como el objeto del contrato, los datos del proveedor, su domicilio en el país y la naturaleza del servicio ofrecido, lo cual vulnera los derechos de los consumidores a la información clara y accesible.
Pro Consumidor también destacó que la empresa no establece un domicilio social en la República Dominicana, lo que dificulta a los consumidores ejercer sus derechos, como presentar reclamos o solicitudes de información. Esta falta de transparencia y claridad con el proveedor viola el principio de relación transparente con los usuarios, que está protegido por la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
