Erick Hernández, presidente de la entidad, destacó como aspectos negativos del año los lentos avances en los casos de corrupción que están en curso en la justicia, así como la normativa del Poder Judicial que intenta impedir el acceso a información sobre las identidades de los imputados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – Participación Ciudadana hizo un balance de los acontecimientos más importantes de este año en materia electoral, corrupción, desempeño económico, tema haitiano y la Cámara de Cuentas.
Erick Hernández, presidente de la entidad, destacó como aspectos negativos del año los lentos avances en los casos de corrupción que están en curso en la justicia, así como la normativa del Poder Judicial que intenta impedir el acceso a información sobre las identidades de los imputados.
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Elecciones
En cuanto al tema electoral, señaló que los dos certámenes que se llevaron a cabo en 2024 transcurrieron con relativa normalidad, destacándose la excelente labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de la resolución de los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, respectivamente.
«Las impugnaciones fueron mucho menos que en ocasiones anteriores, pero la cultura clientelar y el alto costo de la política siguen siendo obstáculos para lograr mayores avances. La abstención aumentó, un factor que la JCE se ha comprometido a investigar y abordar», informó a través de un comunicado.
En el mismo orden, Participación Ciudadana destacó como elementos positivos del año la ratificación del presidente y otros tres miembros de la Junta Central Electoral, así como la renovación del Tribunal Constitucional. La entidad expresó su esperanza de que se continúe avanzando, con transparencia y primacía del interés colectivo, en la selección de varias posiciones en la Suprema Corte de Justicia y en la designación de miembros del Tribunal Superior Electoral.
Cámara de Cuentas
Asimismo, la entidad indicó que 2024 estuvo marcado por una ralentización en la función fiscalizadora de los organismos del Estado, aunque hubo avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24 sobre la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor en febrero de 2024 del Decreto No. 416-23 que aprueba el nuevo reglamento de aplicación de la Ley No. 340-06.
Expresó la necesidad de que el Congreso Nacional cambie la vieja práctica de distribuir a sus miembros por fuerzas políticas o sectores de interés, lo cual ha hecho un gran daño a ese importante organismo, sumiéndolo en la inacción.
«En relación con los órganos de control interno, debemos destacar avances importantes en la labor de rectoría y monitoreo de la Dirección de Compras y Contrataciones», añadió.
Procurador General
En cuanto a la institucionalidad democrática, se destacó la aprobación de una reforma a la Constitución que hace más difícil cualquier intento de permanecer en la presidencia más allá de dos periodos.
Otro cambio positivo fue la exclusión del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, así como su nombramiento y el de sus adjuntos mediante una propuesta que presentará el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura. También se incluyó al presidente del Tribunal Constitucional en dicho organismo.
Participación Ciudadana lamentó que el período del procurador general sea de solo dos años, con la posibilidad de ser confirmado por otro periodo similar, lo que resta independencia a la figura. Tampoco compartieron la decisión de unificar las elecciones en una misma fecha.
«Participación Ciudadana lamenta que se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal, debido a que el país tiene una larga lista de necesidades de inversión para mejorar la vida de la población», señaló.
Exhortó al gobierno a retomar en 2025 esta reforma y avanzar en otras prioritarias, como las de seguridad social, salud, partidos políticos, seguridad ciudadana, reforma policial, código penal y modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. También destacó que la importante Ley de Extinción de Dominio, promulgada en 2022, aún no ha entrado en ejecución por la falta de los reglamentos necesarios.
Tema Haitiano
Con respecto al tema haitiano, Participación Ciudadana se sumó a la preocupación general, pero considera que el país debe ser prudente, equilibrado y firme frente a la difícil situación que enfrentamos al compartir la isla con un país que sufre una profunda crisis económica, política, institucional y social. No obstante, se debe seguir manteniendo una relación comercial y un suministro controlado de la fuerza laboral haitiana que el país necesita para la producción agrícola, la construcción y otros servicios.
«Con firmeza, pero respetando el debido proceso y los derechos humanos, debemos continuar protegiendo nuestras fronteras, erradicando la corrupción en el trasiego de haitianos y estableciendo mecanismos institucionales para la estabilidad de aquellos trabajadores de origen haitiano que contribuyen a la sostenibilidad y crecimiento de la economía dominicana», indicó.
Economía
En cuanto a la economía, la entidad consideró que la economía dominicana retomó su ritmo de crecimiento en 2024 y se espera que termine el año con un crecimiento de alrededor del 5%, el mayor de América Latina.
La inflación a octubre estaba en 3.2%, y se estima que termine el año cerca del 3%. Participación Ciudadana entiende que el gobierno debe reducir el ritmo de endeudamiento público y atender las necesidades de inversión mediante una modificación y eficientización fiscal.
Casos de Corrupción
Uno de los temas más preocupantes de 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales, tanto en las audiencias preliminares como en los juicios de fondo. Estas audiencias se ven obstaculizadas por estrategias dilatorias, aplazando por meses las audiencias por causas injustificables.
En casos como el denominado Camaleón, sorprendió que a un imputado se le variara la prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró un listado de jueces y auxiliares con un claro propósito de incidir sobre los casos, poniendo en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del poder judicial.
El panorama preocupante del sector justicia se agravó recientemente con la anunciada normativa que contribuye a socavar la transparencia, mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de los datos, lo que impediría identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley. Esto va en contra de la Constitución, que establece que los juicios deben ser públicos, salvo en circunstancias excepcionales que puedan comprometer el proceso judicial.
La entidad también señaló que la sociedad dominicana ha experimentado cambios significativos desde 2017. Se ha producido un mayor nivel de participación social, que se expresa a través de impugnaciones a todo aquello que se considera contrario al orden institucional y al respeto de las normas y leyes vigentes.
En esta perspectiva, se produjo el rechazo generalizado a la Ley del DNI y al decreto presidencial que designó al director de compras y contrataciones para que desempeñara ambos cargos a la vez, lo cual fue cuestionado por la sociedad.
Compromiso para el 2025
Participación Ciudadana reiteró su compromiso para 2025 de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en República Dominicana, vigilando el uso de los recursos públicos y la aplicación de justicia en los casos de corrupción, y acompañando al pueblo dominicano en sus aspiraciones por una mejor vida y el respeto de sus derechos.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
