Llamó urgente al sistema de justicia y al gobierno para que tomen medidas inmediatas y efectivas ante esta situación. Es imperativo que el poder ejecutivo intervenga para transformar estos espacios carcelarios, ya que ni la Procuraduría General de la República ni la Dirección General de Prisiones cuentan con un plan para resolver esta triste realidad.
La Penitenciaría Nacional de La Victoria, no estará recibiendo nuevos ingresos de personas con medidas de coerción de prisión preventiva, hasta nuevo aviso, luego del incendio ocurrido el pasado lunes más de una docena de privados de libertad perdieron la vida.
Así lo informó la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en una carta enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina Peña, en la que le solicita que el cumplimiento de las medidas privativas de libertad sea dispuesto en otros centros penitenciarios.
La magistrada solicitó al presidente de la SCJ que canalice esta información a las jurisdicciones afectadas por esta situación, a fin de que, en caso de que un juez o tribunal imponga medida de coerción consistente en prisión preventiva, su cumplimiento sea en otro centro”.
En la comunicación, la procuradora explicó que la ocurrencia del siniestro ha afectado a cientos de internos y que las consecuencias están siendo evaluadas por las autoridades competentes.
Sostiene que esta situación de emergencia está siendo oportunamente atendida por la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Miriam Germán destacó que tan pronto concluyan los trabajos de readecuación de las áreas afectadas se informará oportunamente para retomar las labores relativas a nuevos ingresos de privados de libertad.
Crisis de manejo y control
Mientras que el Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, expresó su profunda preocupación por la situación crítica en la Cárcel de la Victoria, la cual ha alcanzado niveles insostenibles y continúa empeorando día a día.
Llamó urgente al sistema de justicia y al gobierno para que tomen medidas inmediatas y efectivas ante esta situación. Es imperativo que el poder ejecutivo intervenga para transformar estos espacios carcelarios, ya que ni la Procuraduría General de la República ni la Dirección General de Prisiones cuentan con un plan para resolver esta triste realidad.
Manifestó que el reciente incendio en la Penitenciaría Nacional de la Victoria es solo un ejemplo de la falta de control, supervisión, gestión y prevención en las cárceles dominicanas. Si no se toman acciones decisivas, continuaremos enfrentando tragedias que podrían haberse evitado.
Señaló que la falta de respeto a la dignidad y los derechos fundamentales en las cárceles dominicanas ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales, al tiempo de enfatizar la necesidad de reconocer esta realidad y abordarla con urgencia, antes de que la situación empeore aún más.
Con una capacidad designada para albergar a 2,103 internos, la Cárcel de la Victoria actualmente cuenta con una población casi cuatro veces mayor, alcanzando casi 8,000 internos.
Esta sobrepoblación excesiva ha provocado condiciones inhumanas, con el 40% de los internos durmiendo en el suelo en condiciones insalubres que resultan alarmantes.
