SANTO DOMINGO, República Dominicana: – Abogados de Elizabeth Silverio, acusada por el Ministerio Público de falsificación de documentos para ejercer como médico, depositaron este lunes una instancia ante la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, para que proceda a una intervención humanitaria de su defendida, alegando que padecer de «graves complicaciones de salud».
Cándido Simón y Rafaela Helena Regalado, defensores legales de Silverio, quien cumple prisión preventiva en el Centro Correccional Najayo Mujeres, leyeron un documento en el que solicitan a Ramos que ordene el traslado de su defendida al Instituto de Cirugía Especializada para que sea atendida por el Dr. Bartolomé Valdez, quien es su médico.
En ese sentido, Simón sostuvo que la misma está presentando un sangrado, total obstrucción de las vías de eyección fecal y urinaria desde hace más de cinco días. Los abogados dijeron que la denominada neurocientífica, presenta el sangrado tras haberle realizado dos intervenciones quirúrgicas antes de ser arrestada, que consisten en la extirpación de la vesícula y el corte de la banda gástrica estomacal por razones de salud y porque padece obesidad mórbida.
En el referido comunicado, también informaron que la acusada de falsa doctora estuvo expuesta a una grave intoxicación, debido a su condición de paciente gástrica y vesicular.
“Dejamos a su alta consideración disponer del traslado a otra clínica u hospital que proves las condiciones para su urgente intervención y tratamiento”, sugirieron.
En otro orden, los togados se refirieron al arresto de Elizabeth Silverio como un apresamiento ilegal, del cual no ofrecieron detalles.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra la seudo neurocientífica Elizabeth Silverio, y declaró el caso complejo.
Dicha decisión fue tomada debido a que la jueza entendió que Silverio corre peligro de fuga. La medida deberá ser cumplida en la correccional Najayo Mujeres. Silverio está siendo acusada de violación a la Ley General de Salud 42-01, usurpación de funciones y estafa.
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