A partir del jueves 25 de este mes cuando salga la sentencia íntegra, tanto los imputados como el Ministerio Público podrán apelar el fallo.
La sentencia que condenó a Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa en el caso de los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht ha sido considerada como la crónica de una muerte anunciada, debido a las debilidades e inconsistencias probatorias con la que fue instrumentado el expediente que hizo el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Esta es una premisa en la que coinciden juristas y grupos de la sociedad civil acerca del fallo emitido por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Además establecen que ese acontecimiento debe servir de lección al Ministerio Público para no volver a repetir la misma historia en lo adelante.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, dijo que “una acusación se debe sustentar sobre pruebas concretas, no por teorías”.
“Esa es una acusación que además de débil, es incompleta. Estamos viviendo, entonces, las consecuencias de una mala investigación, de un expediente inconsistente. Entonces, en esta ocasión lo importante es que el Ministerio Público aprenda la lección. No puede volver a repetir en el futuro, una situación como esta”, expresó Castaños.
A partir del jueves 25 de este mes cuando salga la sentencia íntegra, tanto los imputados como el Ministerio Público podrán apelar el fallo. Desde ya, algunos abogados prevén que los condenados podrían salir gananciosos con un veredicto a su favor.
El jurista César Guzmán explicó que para la configuración del lavado de activos, se necesita un delito precedente, y que en el caso de la condena a Víctor Díaz Rúa, y en la lectura de la sentencia, no se estableció. Considera que si ese es el caso, ya que no ha salido la sentencia completa, entonces la decisión del tribunal conforme a la culpabilidad por lavado retenida a Díaz Rúa, no se corresponde.
En cuanto a Rondón, entiende el togado que este tiene razón al cuestionar el hecho de que el tribunal encontró un sobornador y no un sobornado.
“En la lógica jurídica se establece que si hay un delito que yo he cometido, debe haber una consecuencia de ese delito, y no hay una persona sobornada, al menos el Ministerio Público no ha depositado alguna prueba de a quién se le sobornó”, dijo.
La abogada y exfiscal, Ingrid Hidalgo también se expresó en ese sentido.
“En el caso de los que le retuvieron culpabilidad, a la hora de las jueces estar motivando oralmente la sentencia, no pude apreciar que manifestaran en qué consistió el soborno, porque aunque no es por el tipo penal contenido en el Código Penal, sino en la ley especial la 448, se tiene que establecer a quién Rondón sobornó”, estableció la abogada.
Estos abogados entienden que, debido a estos elementos de la sentencia, en la Corte de Apelación tanto Víctor Díaz Rúa como Ángel Rondón podrían ser favorecido con una revocación de la condena y una sentencia absolutoria.
Se recuerda que mediante sentencia fueron descargados del proceso Conrado Pittaluga, Juan Roberto Rodríguez, Tommy Galán, y Andrés Bautista.
La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, consideró que a raíz de la sentencia del caso Odebrecht, el país ha sentido “como el manto de la impunidad nos vuelve a arropar”.
“Si bien es cierto que este tribunal ha aplicado una sentencia en buen derecho, eso no se traduce en las ansias de justicia que esperaba el pueblo dominicano”, consideró. Además entiende que el Ministerio Público tiene que explicar a la sociedad “por qué no obtuvo las sentencias que esperaba el pueblo dominicano”.
“La justicia ha condenado a Ángel Rondón como la persona que sobornó, entonces, ¿dónde están los sobornados, los sacaron del expediente, eran los que estuvieron?”, se preguntó la activista.
Fuente: https://www.diariolibre.com
