Según la acusación, Pérez Pérez, “se encargaba de administrar los negocios de venta de combustibles para lavar dinero producto del narcotráfico”.
El Ministerio Público depositó la noche de este sábado 2 de octubre en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, la solicitud de medidas de coerción contra otro de los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la Operación Falcón.
Se trata de Ángel Rafael Pérez Pérez, padrastro del supuesto cabecilla de la organización criminal, Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien permanece prófugo. Para Pérez Pérez pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva, igual que para el resto de los imputados. Los fiscales también han requerido que este caso sea declarado complejo.
Pérez Pérez fue interrogado este viernes durante varias horas, luego de su apresamiento en uno de los más recientes allanamientos ejecutados por el Ministerio Público con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la cooperación internacional de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
Según la acusación, Pérez Pérez, “se encargaba de administrar los negocios de venta de combustibles para lavar dinero producto del narcotráfico”.
Entre los delitos que le imputa el Ministerio Público está la asociación de malhechores y lavado de activos producto del narcotráfico internacional.
El imputado es el esposo de la también encartada en el proceso, Elva Teresa Polanco, madre de Mosquea Polanco.
Entre lo sustentado por el Ministerio Público para la solicitud de medidas cautelares, se expone que Pérez Pérez, “se dedicaba a mover el dinero producto del narcotráfico, con varias cuentas a su nombre e incluso, ya con las cuentas inmovilizadas, producto de la Operación Falcón, se movía entre provincias intentando distraer los fondos”, reseña la Procuraduría General de la República (PGR) en un despacho de prensa.
Sobre la Operación Falcón, el Ministerio Público dijo que se mantiene realizando allanamientos y otras diligencias de investigación, con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
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