SANTO DOMINGO.- El doctor Julio Cury deploró que la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa (PEPCA) esté terminando la etapa investigativa del caso Antipulpo por donde debió haberla empezado, pues además de que el art. 10 de la Ley núm. 10-04 le reconoce a la Cámara de Cuentas, en virtud del acceso irrestricto a las evidencias documentales, físicas y electrónicas a que tiene derecho, la atribución de identificar indicios de responsabilidad penal en la ejecución del gasto público, su art. 45 presume la legalidad de todas las actuaciones de los funcionarios públicos.
El abogado, quien recientemente se sumó al licenciado Carlos Salcedo como defensa técnica de Alexis Medina, sostuvo que toda presunción supone probado un cierto hecho, liberando a quien de ella se beneficia de hacerlo, como lo es, según manifestó, la paternidad del marido de los hijos nacidos durante el matrimonio. Dijo que la presunción de legalidad que consagra la Ley núm. 10-04 solo es destruible mediante informe final de auditoría o estudio especial de la Cámara de Cuentas, aduciendo que la doctrina es pacífica en cuanto a que donde una ley especial exige una probanza específica para los hechos que son propios de la esfera que regula, esa exigencia constituye una limitación de la libertad de la prueba en el proceso penal cuando los mismos son discutidos en la jurisdicción represiva.
“En buena lógica jurídica, a ningún imputado de corrupción administrativa ha debido imponérsele medida de coerción sin informe final de la Cámara de Cuentas, ya que en ausencia del mismo brilla por su ausencia el primer presupuesto para acordarla, que son justamente los elementos que permitan suponer que se ha participado en la comisión del hecho punible”, acotó el jurista. Asimismo, expresó que en su empeño de “demonizar” al PLD, la PEPCA ha fomentado “un clima punitivista, relativizando e incluso suprimiendo garantías procesales de los imputados durante la etapa preparatoria, y lo que es peor, enfangando al sistema judicial con la carga genética del derecho penal del enemigo, que no es el derecho penal del hecho, sino del autor”.
Agregó que la PEPCA ha agredido la autonomía funcional de la Cámara de Cuentas, ignorando que las cámaras legislativas son las únicas que están constitucionalmente habilitadas a requerirles a dicho órgano la realización de investigaciones especiales. “Actuaciones como esas son incompatibles con la teoría de la prevención general positiva, amén de que tampoco sirven para establecer un orden social deseable. En nombre de la oleada anticorrupción, han puesto una ficha sobre la deriva del Estado de Derecho”, concluyó.
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