SANTO DOMINGO.- Un grupo de cancelados en el Ministerio de Medio Ambiente exigieron este viernes el pago de sus prestaciones laborales y denunciaron que esa institución les está rebajando la cantidad de años laborales que agotaron allí, con la intención de pagarles menos dinero de lo que les toca.
Los exempleados protestaron pacíficamente en los alrededores del Palacio Nacional, y afirmaron que duraron muchos años trabajando en Medio Ambiente, a pesar de lo cual quieren disminuir su tiempo de servicio para reducir también, consecuentemente, la liquidación que les corresponde por ley.
Ana Montán dijo que duró 13 años laborando como administradora del parque ecológico de Nigua, a pesar de lo cual solo le están dando 60 mil pesos de liquidación.
Apuntó que la cancelaron el 8 de enero y que su carta de despedida dice que ella solo duró dos años trabajando. También afirmó que trabajaban y no eran “botellas”.
“Estamos reclamando nuestro derecho. No somos botellas. Si van a las áreas protegidas donde hemos laborado, van a ver las huellas que dejamos en esa área que yo estuve laborando”, expresó.
Pedro Antonio Chávez, exadministrador del refugio de vida silvestre de la laguna Mallén, en San Pedro de Macorís, dijo que también lo acusan de ser “botellas” en la institución, por lo que no quieren pagarles sus prestaciones laborales. Sin embargo, aseveró que laboraba y justificaba su salario.
Por su parte, Leonardo Castillo destacó que trabajó muchos años como chofer del área administrativa, y manifestó que “no nos hacen caso” y “ya no aguantamos más”.
Otro de los desvinculados, Paúl Cepeda Camilo, señaló que 188 personas fueron despedidas y están en la misma situación de desamparo e inconformidad.
Además, expresó que algunos cancelados tienen cáncer y no tienen seguro, por lo que no pueden costear su tratamiento médico.
Destacó que tras casi 17 años laborando como inspector forestal, lo cancelaron para nombrar en su lugar a la nieta de Carmelo Polanco Palmer, encargado de la oficina provincial de San Francisco de Macorís.
Instó a sus compañeros a que vayan al Ministerio de Administración Pública (MAP) para que agilicen sus procesos, ya que en esa cartera alegan que la Contraloría no le ha enviado la documentación correspondiente de los cancelados.
Añadió que están empleando gente ganando 50 mil y 60 mil pesos.
Según él, cancelaron a cinco empleados en San Francisco de Macorís, incluyendo al asistente del encargado, al auxiliar adminstrativo, la secretaria Yudelka Burgos Aracena, al chofer Sánchez y a él mismo, así como a otros en otras partes del país.-
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