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Exigen renuncia del director de la Policía por asesinato de pareja de pastores

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) repudió “en todo el sentido de la palabra” el incidente en que un sargento y cuatro rasos de la Policía le quitaron la vida a una pareja de esposos cerca de Villa Altagracia.

De su lado, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) dijo que este hecho “corrobora el informe dado a conocer ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre abusos policiales” en la República Dominicana.

De acuerdo con múltiples informaciones, las víctimas identificadas como Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, regresaban a su casa en Santo Domingo tras haber asistido a un culto en Bonao, provincia Monseñor Nouel, cuando su vehículo fue tiroteado por policías en Villa Altagracia, aparentemente, tras ser confundido con el de unos delincuentes.

Posición del CODUE

El presidente del CODUE, Feliciano Lacen, sostuvo que el segundo teniente, los cabos así como otros involucrados, deben ser sometidos a la justicia y pagar “por la acción criminal cometida contra estas personas catalogadas gente de bien y de paz”.

“Aunque se ha abierto la investigación del Ministerio Público y de los organismos de control como la Inspectoría General y Asuntos Internos de la Policía Nacional, se debe establecer el régimen de consecuencias, por esta acción irracional, malvada y sin sentido que ha llevado luto a las familias Elisa Muñoz su esposo Joel Díaz de 32 años quienes residían en el sector de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte”, dijo.

Tras considerar que casos de esta naturaleza no deben quedar impunes, agregó que “este no es el tipo de seguridad ciudadana que el país necesita”.

Invitó a las autoridades castrenses a adiestrar sus colaboradores para que hechos como este no sigan ocurriendo.

ADOCCO ve hubo “ejecución” y pide renuncia

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) dijo que lo ocurrido con la pareja de esposos fue una “ejecución” que corrobora el informe dado a conocer el martes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre abusos policiales.

A juicio del presidente de la entidad Julio César De la Rosa Tiburcio “este hecho junto a la ejecución de un coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el 24 de diciembre del 2020, luego de ser perseguido, constituyen faltas graves del cuerpo policial, como resultado de una gestión ineficiente de su director, por lo que pedimos su renuncia inmediata, para evitar que hechos abominables, como los señalados”.

La víspera Estados Unidos consideró que entre los problemas de derechos humanos «más importantes» en República Dominicana se encuentran denuncias de asesinatos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad, así como injerencia arbitraria en la vida privada y violencia policial contra la comunidad LGBTIQ.

Otros de los problemas destacados por el informe sobre el respeto a los Derechos Humanos en el país son tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno, condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida y detenciones arbitrarias así como la injerencia arbitraria en la vida privada, difamación penal de periodistas individuales, corrupción grave del gobierno, tráfico de personas y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Obispo de Higuey

Monseñor Jesús Castro Marte dijo que «como obispo, hombre de fe y dominicano» él condena la muerte de los esposos y dijo esperar que se cumpla la promesa del Presidente Abinader de castigar a los culpables de este hecho.

Fundación ve hay «brutalidad policial»

La Fundación Transparencia y Democracia deploró las muertes de los predicadores y señaló que «lejos de una confusión, las mismas obedecen al elevado nivel de brutalidad que impera en la institución del orden público».

El licenciado Cesar Manuel Matos Diaz, presidente de la entidad, dijo que «todo parece indicar que los homicidas de la Policía ni siquiera verificaron la placa del vehículo antes de acribillar a sus ocupantes, lo que indica que actuaron a la ligera».

A su juicio, no hay forma de explicar “cómo la Policía Nacional emprende a disparos a un vehículo sin confirmar que se trataba de delincuentes”.

«El Ministerio Publico debe realizar las diligencias procesales en forma oportuna, para evitar que en un juicio oral, público y contradictorio, estos criminales pretendan beneficiarse de tecnicismos jurídicos y, que soliciten la pena máxima en materia de Homicidios», dijo.

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