SANTO DOMINGO.- Uno de los imputados en el caso Odebrecht, el expresidente del Senado, Andrés Bautista, se ha negado este martes a escuchar a la testigo Carmen Nadieska Álvarez, experta en informes financieros, por entender que la misma revelará pruebas de recursos monetarios que comprenden un período donde Bautista no era funcionario público.
Ante su pedimento, las juezas del Primer Tribunal Colegiado, quienes conocen el caso, rechazaron su solicitud – con el voto disidente de Tania Yunes- y pidieron incorporar a la quinta testigo del Ministerio Público para que detalle los informes financieros realizados a Bautista y sus empresas y comprobar las acusaciones en s contra de las autoridades.
Ante esto, la barra de abogados del Ministerio Público adujo que es procedente analizar los orudcfos financieros desde el 1977 porque, como explicaron, las cuentas fueron aperturadas en esa fecha y, por tanto, para “un correcto análisis” se deben examinar desde la fecha en que se iniciaron los movimientos de dinero.
Para el Ministerio Público, la defensa de Bautista tiene como objetivo “confundir al Tribunal con planteamientos absurdos y fuera de la verdad” y explicó que los años de 1977 en adelante no se utilizaron para examinar productos financieros del ex congresista, sino para puntualizar la fecha exacta en la que aperturó cuentas bancarias y adquirió productos financieros.
Sin embargo, los defensa técnica no bajó la guardia al afirmar que el Ministerio Público “insiste” en introducir pruebas presuntamente ilegales y no autorizadas por el juez de instrucción.
Los juristas declararon en consonancia con las palabras expresadas anoche por el exsenador donde decía que las pasadas autoridades de la Procuraduria General de la República (PGR) contaminaron las prueba para hacer “un bulto financiero e incrementar números” en sus cuentas bancarias por sus afiliaciones con el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La acusación que pesa sobre Bautista y que lo ha llevado al caso Odebrecht define que el ex legislador manejó fondos por más de $1,800 millones de pesos obtenidos supuestamente de sobornos pagados por la constructora brasileña para beneficiarla con obras en el país.
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