SANTO DOMINGO. – Wilson Camacho, representante del Ministerio Público en el juicio del caso Odebrecht, reveló este lunes que el organismo judicial estudiará la posibilidad de dejar sin efecto el acuerdo firmado entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República (PGR) por la “inasistencia y falta de colaboración” de los testigos de la multinacional brasileña.
El acuerdo al que hace referencia Camacho fue firmado en el 2017 y en el mismo se expresa que Odebrecht deberá pagar al país $184 millones de dólares hasta el 2025 y se obliga a la empresa a colaborar en todo lo posible -incluyendo testimonios- durante el juicio de fondo para esclarecer los supuestos sobornos por más de $92 millones de dólares entregados a exfuncionarios y pasados legisladores del país.
Camacho no respondió a la inquietud de que si este posible rompimiento de acuerdo podría afectar el curso del juicio que se sigue, pero aseguró que, al margen de esta posibilidad, los testigos deben asistir al juicio a testimoniar.
En ese sentido, explicó que la decisión del Tribunal ordenando la conducencia de Mauricio Dantas Bezerra y Rodrigo Maluf, debe ser acogida por los testigos, por lo que deberán presentarse en la audiencia del próximo 8 de enero del 2021.
Camacho reveló la posibilidad de dejar sin efecto el acuerdo porque, durante tres semanas, el juicio que se sigue por el caso Odebrecht se ha visto ralentizado por la recurrente ausencia de los testigos, en especifico las constantes faltas de Dantas Bezerra, quien no ha presentado excusas válidas durante las audiencias.
A estas ausencias se sumó este lunes el testigo Maluf, quien era el segundo en la lista, pero también faltó. De su lado, Marcelo Hofke, otro testigo del Ministerio Público, se ausentó por cuestiones médicas validadas.
Estos testigos, según expresó Camacho cuando se inició la parte testimonial del caso, son “claves” para el seguimiento del proceso porque, según dijo, revelarán información importante para esclarecer todo lo pasado en los supuestos sobornos pagados por Odebrecht.
Es esto precisamente lo que ha llevado al Ministerio Público a evaluar el rompimiento del convenio suscrito entre Odebrecht y la Procuraduría y que ya lleva tres años convenido.
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