SANTO DOMINGO.- Con la peor crisis de las últimas décadas en el país y el mundo, que ha dejado en el Sistema Dominicano de Seguridad Social una baja de hasta 9,082 empleadores y 313 mil 933 cotizantes menos al mes de junio, entre los meses de enero y septiembre del 2020, las AFP del país han acumulado ganancias por RD$3,400 millones, superiores a las obtenidas en igual período en los años 2016, 2017 y 2018, con ganancias acumuladas por RD$ 43 mil 168 millones de pesos desde el 2004.
En cambio, las ARS privadas, a las que el Estado dominicano ha tenido que financiarles las coberturas no consideradas por COVID-19 extrayendo recursos de los fondos de Riesgos Laborales, han acumulado ganancias por RD$ 14,897 millones de pesos, contando sólo hasta marzo de 2020. Entre AFP y ARS a finales del 2019, ya habían consumido más de RD$ 122 mil millones de pesos entre beneficios y gastos ajenos a la salud y las pensiones de la ciudadanía.
Según los autores, Bosch Carcuro y Fernández Gil, “nada de esto es casual ni por falta de recursos, ni tiene por qué ser así, sino que es el resultado de las políticas y la ley que se han estado aplicando, incluyendo el nuevo esquema de comisiones que se estableció en febrero y presentado como una victoria para la sociedad, que han convertido las pensiones y la salud en un negocio multimillonario, en manos de las AFP, ARS, empresas de seguros y prestadores privados, a costa de la clase trabajadora y del 95% de empleadores que son MIPYMES”.
Desde su perspectiva, debido a los intereses de los grupos con poder económico en el país, se están violando la Constitución y los tratados internacionales que el Estado ha firmado, ya que no se está garantizando a la población un beneficio definido justo y digno en pensiones y la salud se está administrando “de manera segregada entre la población según criterios discriminatorios por edad, género y capacidad económica, como si fuera una mercancía y no un derecho”, afirman los autores.
En este escenario, sostienen que, mientras se mantenga la capitalización individual y las AFP sean en la práctica las verdaderas dueñas del dinero, el país está condenado a tener las peores pensiones de América Latina, como advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), si no siguen las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a desprivatizar el sistema.
Asimismo, afirman que el país tampoco verá realizado el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la Salud Pública como ordena la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, como tampoco cambiarán las faltas de cobertura ni los altos copagos y que no habrá un verdadero primer nivel de atención con enfoque preventivo. Esto, según los autores, debido a que el Sistema de Salud Pública ha sido sometido al abandono y al deterioro, y a que el sistema está organizado en función del lucro alrededor de la enfermedad y no para garantizar derechos.
Bosch y Fernández señalan que en el país se gasta más del 6 por ciento del PIB en salud, y sin embargo por las razones mencionadas no es una salud digna, humana, ni de calidad, y las atenciones se hacen en función del bolsillo de las personas y el seguro que puedan pagar, lo cual ocurre en todos los países donde este mismo modelo es el que domina.
La nueva edición del libro “Del negocio seguro a la seguridad social” fue puesto en circulación en una actividad virtual con la participación de activistas nacionales y expertos internacionales, y está disponible de manera gratuita en versión digital en el sitio web de la Fundación Juan Bosch.
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