El proyecto de resolución sometido ante el Senado de la República por el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, sobre irregularidades en los ministerios de la gestión de Gobierno anterior, fue aprobado en la sesión de este miércoles.
La resolución solicita a los nuevos ministros de Gobierno un informe detallado sobre el estado administrativo y financiero en que las autoridades pasadas dejaron sus respectivas instituciones, con un plazo de tres meses y con posibles consecuencias penales para los mismos.
Según la propuesta de Taveras Guzmán, los nuevos representantes de los ministerios deben informar y alertar al Senado sobre las irregularidades que hayan podido detectarse en la gestión anterior, la gravedad de las mismas y las consecuencias penales que puedan ser aplicadas a los responsables.
En la resolución se otorga un plazo tres meses a cada ministerio para que entregue su respectivo informe a la Comisión Especial de Investigación creada para realizar los levantamientos y requerir cualquier información adicional, y plantear sus recomendaciones al hemiciclo, donde se identificarán los casos a remitir a la Procuraduría General de la República o al organismo administrativo correspondiente.
Por mandato constitucional, los funcionarios tienen el deber de responder a los requerimientos del Senado, so pena de ser interpelados por los representantes del Poder Legislativo.
Durante la presentación de la resolución ante el Senado, Guzmán expresó que ya no puede haber más borrón y cuenta nueva y que ante la Cámara Alta se debe cumplir la función de fiscalizar y garantizar el uso correcto de los recursos públicos.
“Vamos a identificar cualquier irregularidad cometida en la gestión pasada y a tomar las medidas de lugar para que sean sancionadas y no vuelvan a repetirse”, declaró el senador al motivar la pieza en el hemiciclo.
El considerando primero de la pieza legislativa expresa que el articulo ocho de la Constitución de la Republica establece que la función social del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria equitativa y progresivo, dentro del marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden del sistema de fiscalización.
También expresa en otros considerandos que el proyecto apela al ejercicio de las atribuciones de fiscalización y control del Congreso Nacional, las cuales están reconocidas por el artículo 93, numeral 2 de la Constitución de la República. Además, justifica la solicitud en el artículo 146 de la carta magna, el cual consigna la proscripción de la corrupción y condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.
“Estamos retomando la función fiscalizadora del Senado. Es hora de que quienes manejaron recursos públicos en la gestión anterior y los nuevos funcionarios se acostumbren a rendir cuentas al Congreso y a la ciudadanía”, declaró Taveras Guzmán tras leer el informe favorable de la iniciativa.
En sus consideraciones, la resolución destaca que en los últimos años la ciudadanía ha sido enfática al reclamar medidas tendentes a prevenir y enfrentar los posibles actos de corrupción administrativa en ocasión del ejercicio de funciones públicas o en relación con éstas.
La comisión está integrada por los legisladores Virgilio Cedano Cedano, Aris Yvan Lorenzo, Pedro Catrain Bonilla, Lenin Valdez López, Héctor Acosta, Franklin Alberto Rodríguez, Faride Raful, José Antonio Castillo, y Antonio Taveras Guzmán, quien sometió la iniciativa y encabezará la comisión.
Denuncias sobre irregularidades
A 12 días de haber iniciado su mandato de Gobierno, Luis Abinader reveló que no se tenía ninguna información sobre inventario, deudas, pagos y compras en el Plan Social de la Presidencia, debido a que se llevaron todos los discos duros de las computadoras y las dejaron vacías, por lo que se tuvo que iniciar una investigación.
De igual forma la vicepresidenta Raquel Peña informó no podían accesar a ninguna información administrativa, operativa y contable del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), porque las pasadas autoridades dejaron bloqueado el sistema de computadoras.
La vicemandataria afirmó que no se sabía cuánto material tenía, las medicinas que había, en qué proceso estaban las compras y otras labores.
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