SANTO DOMINGO.- Hace 26 años, en una carta dirigida al entonces presidente Joaquín Balaguer, en su calidad de jueza Miriam Germán sentenció lo que bien podría haber sido su discurso de toma de mando en la Procuraduría General de la República, puesto que le fue asignado por el actual presidente Luis Abinader con la promesa de independencia total en funciones.
«No está entre mis aspiraciones postrarme a los pies de ningún Poder ni organismo de investigación que desee un juez servil que por temor a insultos gratuitos, se convierta en una simple instancia de confirmación y trámite de arbitrariedades, bien puede buscarlo en otra parte. Que nadie cuente conmigo para condenar en base a «aunque no se le encontró nada comprometedor, una fuente dice…», tampoco para bendecir reaperturas de procesos que por carecer de motivos realmente nuevos, no son otra cosa más que una violación a aquello de que «nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho»», dice la carta publicada en el periódico El Siglo.
«Solo cuente con mi sentencia condenatoria cuando el Ministerio Público cumpla su obligación de probar y los que investigan dejen de acomodar expedientes para después rasgarse las vestiduras. Los principios son para ser aplicados independientemente de la valoración que nos merezca el eventual beneficiario«.
«Al momento de juzgar pretendo, solo pretendo, hacerlo sin pasión, pero también sin miedo; no está entre mis deberes por un mero indicio, una mera sospecha, enviar un ciudadano a la cárcel».
La carta de Germán fue en respuesta a declaraciones hechas por Balaguer a propósito de la sentencia que descargaba en un caso de narcotráfico al colombiano Fernando García Valdebenítez y otros cuatro imputados, por falta de pruebas y luego de que al país llegara una comunicación de la cancillería de Colombia denunciando que su ciudadano estaba secuestrado en el país porque permanecía encarcelado pese al descargo.
Germán lo juzgó en primer grado y, al exponer sus actos a Balaguer explicó en la misiva que «En la sentencia del caso que dio lugar a sus desconsideradas afirmaciones, tres personas fueron condenadas a trece años, dos a diez, cuatro a tres años y cinco fueron descargadas. Cual que sea el valor que se le quiera dar a la Constitución, lo cierto es que la presunción de inocencia tiene rango constitucional y corresponde a un funcionario público designado por usted probar fuera de toda duda los elementos que destruyan esa presunción; si no lo hace, se impone el descargo.».
No conforme con esto, arremetió nuevamente cuestionando la actuación de los otros actores de la justicia: «Ahora bien, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿por qué ese funcionario, ese Ministerio Público, que depende de usted, no recurrió en casación esa sentencia, es que los tales vicios de ella sólo existen para justificar lo que no tiene justificación y además hacerlo a costa del nombre ajeno?«.
Como respuesta a la carta, el presidente Balaguer le dirigió una misiva en la que resaltó el respeto que le merecía la valentía que exhibía Germán al escribirle, exponía los puntos en los que no concordaba con ella y, finalmente, se comprometió a crear una comisión para «el estudio de los desacatos a las decisiones judiciales y que tomará cuantas medidas sean necesarias para que esa grosera violación de nuestra Carta Orgánica sea en lo sucesivo erradicada, sin tomar en cuanta para ello ni las conveniencias políticas ni las recomendaciones procedentes de organizaciones nacionales o extranjeras».
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