A pesar de que el Gobierno dispuso que la mayoría de personas salgan de sus casas solo si es necesario, ayer varios vendedores ambulantes circulaban en las calles de diferentes sectores de la Capital, al parecer sin temor a que se apliquen sanciones como en otros países extranjeros que para frenar la circulación del coronavirus COVID-19 hay personas multadas con el pago de sumas de dinero y hasta en la cárcel por la desobediencia al mandado legal.
En el municipio de Santo Domingo Este circulaba desde tempranas horas una camioneta repleta de corotos (ollas, anafes, tapas, coladores, artículos plásticos, suapes y productos de limpieza en los hogares y hasta agujas de coser e hilos de colores); además de una marchanta con un coche de niños con dulces y ofreciendo amolar cuchillos, un panadero, dos personas montadas en un caballo arrastrando una carreta ofreciendo tierra negra y un señor en bicicleta vociferando la oferta de aguacates, china dulce, lechosa, mandarina y guineos maduros.
En República Dominicana, como en otros países de la región latinoamericana existe una alta informalidad laboral, con miles de cuentapropistas que vivien del “día a día” para poder sobrevivir con sus familias. Actualmente, la informalidad laboral en el país pasa del 48% de la fuerza laboral.
La economista consideró una amenaza que se transfieran las cargas de las crisis a los trabajadores más vulnerables, por lo que insta a regular que los empleados se puedan quedar sin trabajo. En países como Argentina, desde hoy las personas que no respetan las cuarentenas son apresadas, igual como hizo China y, si son de otros países, los envían a los aeropuertos para que se vayan a sus países y les ponen una multa y hasta presos si se descubren que están en las calles con el virus. Ayer también, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el COVID-19 es un reto que exige una respuesta internacional.
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