SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La fiscal Sourelly Jáquez y el abogado Nassef Perdomo aseguraron que en las bases del concurso convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público, la entrevista personal en la evaluación vale más que la trayectoria de ese profesional del derecho.
“El Consejo del Ministerio Público convoca a un concurso, un concurso con unas bases que son bastantes extrañas, porque por ejemplo la entrevista personal te vale 25 de 100 puntos, pero mientras las entrevistas personales valen 25 puntos tu desempeño como fiscal vale 20”, expresó el abogado Nassef Perdomo.
En tanto, la fiscal Sourelly Jáquez explicó que están atacando dentro de las puntos, a parte del escalafón, es la evaluación del desempeño, una de la herramientas bases dentro de la carrera.

Asismismo, Perdomo aseguró que llama la atención tantas dimisiones simultaneas, indicó que es una preocupación porque algunos tienen la pretensión de subir y otros para realizar propósitos inexplicablemente.
“De manera casi mágica por casualidad se produjeron renuncias consecutivas muy cercanas en el tiempo de personas que estaban en el puesto para el que habían concursado hace poco tiempo y previsiblemente iba agotar su periodo en el año 2020”, dijo el jurista.
El pasado 22 de febrero el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) denunció que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha puesto en marcha “un plan para secuestrar al Ministerio Público con fines partidarios”, en el que 14 fiscales fueron obligados a renunciar para luego convocar un concurso “amañado” del que se escogería a personas comprometidas con el partido gobernante para garantizar impunidad.
Varios fiscales y abogados del Ministerio Público interpusieron un recurso de nulidad contra el concurso para la designación de nuevos incumbentes.
Los 18 recurrentes elevaron su instancia ante el Tribunal Superior Administrativo indica que el citado concurso “constituye un instrumento para hacer fraude a la ley e impedir que la finalidad de la norma se cumpla y altera el mandato jurídico de la norma que los rige”.
Los accionantes establecen en la instancia que la base del citado concurso asume que “los titulares a los cuatro años salen de la función sin evaluación, lo cual es contrario a la finalidad de la ley y altera el mandato jurídico”.
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