La juez de la Oficina de Atención Permanente del Departamento de Justicia de San Pedro de Macorís ratificó este sábado la medida de coerción de prisión preventiva de un año contra de la suspendida exfiscalizadora Margarita Hernández Morales, acusada de firmar varios acuerdos para facilitar de manera irregular la libertad de varios hombres que luego mataron a sus parejas, las cuales los habían sometidos a la justicia por violencia de género.
La decisión fue tomada por la jueza de la Instrucción, Andrea Corcino, al entender que sigue latente el peligro de fuga de la exfuncionaria judicial, acusada de asociación de malhechores y falsificación de firmas, en los casos de la muerte de Anibel González y Juana Ramírez
Los familiares de la fiscal entienden que ella es una presa del sistema de justicia y que se le puede seguir el caso desde su casa, ya que tiene los presupuestos de lugar.
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