SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público se prepara para presentar este lunes sus réplicas a las prolongadas defensa que presentaron a lo largos de los últimos tres meses los siete imputados por los sobornos millonarios de la constructora Odebrecht.
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, insistió que existen pruebas suficientes para demostrar que los siete implicados se beneficiaron de forma presunta de los 92 millones de dólares que Odebrecht distribuyó como coimas entre 2001 y 2014 para conseguir contratos con el gobierno.
“Con más de mil 700 pruebas que han sido presentadas hay razones sobradas para que vayan a un juicio de fondo y se obtengan una condena”, aseguró el titular del Ministerio Público en un encuentro con periodistas a principios de abril.
El juicio preliminar en el que el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, deberá determinar si existen evidencias suficientes para abrir juicio de fondo, recomenzará este lunes tras una semana de receso y luego de tres meses en los que los imputados presentaron sus argumentos de defensa durante prolongadas jornadas y haciendo uso de recursos tecnológicos.
A partir de mañana, los fiscales tendrán el primer turno para replicar las versiones de los siete encartados, quienes categóricamente negaron haber recibido sobornos de la constructora brasileña para gestionar la adjudicación y financiamiento de 16 obras públicas.
Ángel Rondón, quien fungía como representante comercial de la constructora, está en el centro de la acusación al ser, según la acusación, quien se encargó de distribuir entre funcionarios y legisladores las coimas por 92 millones de dólares.
Durante los cinco días en los que expuso su defensa entre el 1 y 5 de abril, Rondón, quien en un periodo de 40 años pasó de mesero a empresario ganadero y millonario representante de firmas transnacionales, aseguró que durante el tiempo que trabajó para Odebrecht recibió de esa empresa 79.2 millones de dólares como honorarios y no como sobornos.
José Miguel Minier, abogado de Rondón, explicó que las pruebas presentadas por la fiscalía no demuestran que los honorarios que recibió su cliente hayan servido ni para sobornar ni para lavar activos.
Según la defensa, la acusación no detalla ni cómo se hicieron los supuestos sobornos ni a quién se entregaron.
Sin embargo, el Procurador recordó que según los documentos de la fiscalía de Brasil y del acuerdo que suscribió Odebrecht en marzo del 2017 con la Procuraduría Dominicana, la constructora aceptó haber distribuido los 92 millones de dólares en coimas y para ello dijo haber usado como intermediario a Rondón.
Además de Rondón, la procuraduría presentó cargos en junio del 2018 contra los ex presidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vásquez, el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el senador peledeísta Tommy Galán, el ex director de INAPA, Roberto Rodríguez y el abogado Conrado Pittaluga.
Todos están acusados de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura, prevaricación y asociación de malhechores.
Los primero y último en presentar sus defensas fueron Bautista y Vásquez. Ambos coincidieron en que sus respectivas riquezas provienen de sus largas trayectorias como empresarios agropecuarios.
Vásquez, acusado de haber recibido un soborno para aprobar la construcción de la hidroeléctrica de Pinalito y de lavar esos recursos, mostró como evidencia de sus movimientos bancarios los comprobantes de que su esposa estuvo internada en un costoso hospital de Estados Unidos, las colegiaturas de su hija en Boston y la transferencia que hizo uno de sus parientes luego de ganar 100 mil dólares en la lotería en Puerto Rico.
Bautista, ex presidente del PRM, está acusado de recibir un supuesto soborno para la aprobación del préstamo por 292 millones de dólares para construcción de la presa Palomino.
Durante su defensa, que comenzó en febrero y tuvo una última presentación el 12 de abril, el ex legislador insistió que ese proyecto fue sancionado por la Cámara Alta durante una de las sucesivas administraciones del peledeísta Reinaldo Pared Pérez.
Insistió una y otra vez que la Procuraduría debió incluir en el expediente al secretario general del PLD.
Por su parte Víctor Díaz Rúa explicó que algunas cuentas bancarias que el Ministerio Público usó para acusarlo por enriquecimiento ilícito corresponden a las cuentas de campaña del PLD, ya que él es el tesorero de ese partido.
Insistió que sus bienes millonarios son el resultado de su trabajo como constructor privado.
Conrado Pittaluga, a quien se acusa como testaferro de Díaz Rúa, recibió a través de su compañía Newport Consulting seis millones de dólares de Odebrecht durante la construcción de la autopista del Coral. El abogado aseguró que el monto corresponde a la comisión del 1.25 por ciento de costo de la obra.
Tommy Galán negó a su vez sus supuestas presiones para que la Comisión de Hacienda del Senado recomendara la aprobación de financiamientos en beneficio de los contratos de Odebrecht.
Roberto Rodríguez alegó que la responsabilidad de adjudicación de una obra como el acueducto de la Línea Noroeste no estaba en un funcionario de su nivel y aseguró que esa potestad fue del entonces presidente Hipólito Mejía.
En la primera etapa de esta audiencia, que comenzó el 23 de enero, se produjeron varios incidentes, entre ellos la frecuente mención del actual presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez.
Las audiencias comenzaron en enero luego de una serie de incidentes en las que varios de los imputados pidieron la inhibición del juez Ortega Polanco, pero todos fueron rechazados.
Las investigaciones comenzaron luego de que en enero del 2017 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que según sus investigaciones, la compañía brasileña había pagado entre 2001 y 2014 sobornos por 787 millones de dólares para conseguir contratos con los gobiernos de 12 países, 10 de ellos en América Latina.
En el caso de República Dominicana, Odebrecht ha participado en 17 obras por un monto superior a los cinco mil millones de dólares, incluida la termoeléctrica de Punta Catalina, que no fue incluida en el expediente luego de que el gobierno determinara que en esa obra supuestamente no hubo sobrevaluación, lo que significaría que para la adjudicación de la obra, alegadamente, no se pagaron sobornos.
Como parte de las pruebas presentadas contra los implicados, la fiscalía presentó un acuerdo al que llegó con Odebrecht en el que la empresa reconoció haber pagado los 92 millones de dólares en sobornos y se comprometió a pagar una multa de 182 millones de dólares a cambio de que sus ejecutivos brasileños no fuesen procesados judicialmente.
De forma original, la Procuraduría también había señalado como posibles beneficiaros de los sobornos al ex Ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, a los ex Vicepresidentes Ejecutivos de la CDEEE César Sánchez y Radhamés Segura, el ex director técnico de la EGEHID Bernardo Castellanos, el Senador Julio César Valentín, el ex Director de EGEHID Máximo D´Oleo, y los diputados Alfredo Pacheco y Ruddy González, pero más tarde la Procuraduría archivó la acusación en su contra de manera provisional.
Fuente: noticiassin
