Por: Indhira Suero Acosta
Santo Domingo
Ilustraciones: Nathalie Rodríguez
Gráficos: Shawn Fok
Un homicidio por robo refleja el desconocimiento que tienen los sectores pobres de cómo hacer valer sus derechos. El dos de abril de 2018, a Nicolás Divaris Escanio, de 18 años de edad, lo mataron de un disparo en el municipio de Tamayo para quitarle la motocicleta en la que viajaba con un primo.
Su familia no tiene abogado, a pesar de que el Estado ofrece una defensa pública que asume los costos de manera gratuita. Desconocen que deben poner una denuncia ante una fiscalía para que puedan dar seguimiento al caso. Ni siquiera saben a cuál les corresponde ir.
“La situación económica no es buena. Aquí, a veces, hay que buscar la manera de que ellos (la Justicia) caminen y no podemos”, dice su abuela, Ernestina Méndez, entre llantos.
YonMauri, como le llamaban, era el primer hijo y el tercer nieto de una familia de cultivadores de plátano de la comunidad de San Ramón. El 30 de agosto de 2018 la familia se reunió en el terreno donde viven los padres, tíos y abuelos de YonMauri, para hablar del día del “accidente”.
“Se ve que eso está muy lento”, comenta Doña Zumba, apodo con el que conocen a la abuela. “No nos dicen nada. Queremos saber qué se está haciendo y qué se puede hacer”.
A su derecha, sentada en una vieja silla de plástico, la madre, Maridelis Escanio, llora al recordar a su hijo. ”Queremos justicia”, dice.
Maridelis es una agricultora de piel canela y ojos tristes. Aunque perdió a su hijo, la vida crece dentro de ella. En poco tiempo tendrá una niña, la hermana que su primer vástago no conocerá. No se explica su suerte: YonMauri era tranquilo y no acostumbraba a salir de fiesta. Prefería quedarse en la casa, arreglando su motor.
Esa noche salió, y ya no volvió.
Este reportaje fue realizado por Indhira Suero Acosta para Listín Diario en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas.
SUELTO:
Metodología
Para esta serie especial, Listín Diario presentó tres pedidos de acceso a información a la Policía Nacional, dos al Observatorio de Seguridad Ciudadana, tres a la Oficina Nacional de Estadísticas, cuatro a la Procuraduría de la República, dos a la División de Estadísticas Judiciales del Consejo del Poder Judicial, uno a la Dirección General de Prisiones y dos al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario.
Respondieron con números con los que se construyó una base de datos para saber la relación entre denuncias de robos, homicidios, investigaciones y condenas.
La Procuraduría General no posee un registro de sus investigaciones sobre robo y homicidio. El director de Estadísticas y Análisis de la entidad, Vladimir Hernández, asegura que sugirió en diversas ocasiones que se lleven esos datos. “La misión del Ministerio Público es que el ciudadano reciba respuesta de su ilícito. La investigación no es respuesta”, comenta.
El Poder Judicial no posee estadísticas previas a 2012.
La base de datos de linchamientos se construyó con las cifras de linchamiento recolectadas por el Departamento de Información y Estadística de la Policía y con noticias y reportajes publicados en los medios de comunicación desde 2008 a 2018.
