La detención de San Miguel se habría producido el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, cuando acompañada de su hija "se disponía a salir del país por el asueto de carnavales", indicó a The Associated Press, Gonzalo Himob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal.
Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos en Venezuela condenaron el domingo la presunta detención de la activista Rocío San Miguel, a quien consideran una de las figuras más representativas en la lucha por la garantía de derechos ciudadanos en ese país y denunciaron que no se conoce su paradero.
Hasta el momento ninguna entidad estatal de Venezuela se ha pronunciado sobre el caso.
La detención de San Miguel se habría producido el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, cuando acompañada de su hija "se disponía a salir del país por el asueto de carnavales", indicó a The Associated Press, Gonzalo Himob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal.
"No se sabe hasta esta hora donde está", señaló Himob, quien adelantó que recopilan información del caso.
La organización Civilis Derechos Humanos condenó el hecho y calificó de "arbitraria" la detención de la activista y abogada, al tiempo que exigió "saber de su paradero", luego de que han transcurrido dos días "sin saber de ella", reclamó en un mensaje de su cuenta de X, antes Twitter.
Una foto de San Miguel con el mensaje "#DondeEstáRocío" circuló en la cuenta de la organización.
La organización no gubernamental Provea denunció el sábado que San Miguel "ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano", lo que calificó como un hecho "muy grave" que pone en evidencia "el empeño del gobierno por reprimir a las voces críticas", señaló en su cuenta de X, antes Twitter.
La organización exigió "su inmediata libertad".
La abogada venezolana de 57 años es presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y Fuerzas Armadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió a San Miguel y su hija medidas cautelares en 2012.
Según cifras del Foro Penal, una organización de carácter humanitario que brinda asistencia jurídica ante detenciones "arbitrarias" en Venezuela, según consta en su página web, hasta el 5 de febrero se contabilizaban 261 presos políticos, entre los cuales hay 18 mujeres y 146 militares, y 123 que no han sido condenados.
Fuente: https://www.diariolibre.com/
