TOKIO.– El Gobierno de Japón planea asumir el pago de las compensaciones en el país por problemas de salud asociados a la vacuna de la COVID-19, en un intento por asegurarse un suministro estable del extranjero, según informó hoy el diario Nikkei.
Japón ha firmado contratos con la farmacéutica estadounidense Pfizer y la británica AstraZeneca para que se le suministren 120 millones de dosis de cada una de sus vacunas experimentales, pero ambas empresas han suscrito acuerdos similares con otros países y Tokio teme que le deje atrás, de acuerdo al periódico.
De acuerdo con la información de Nikkei, en las negociaciones que Japón ha mantenido con hasta cinco farmacéuticas no niponas, sus representantes legales han pedido al Gobierno japonés que se haga cargo de las compensaciones por potenciales problemas de salud causados por posibles efectos secundarios de las vacunas.
Tener una vacuna aprobada y comercializada lleva normalmente de cinco a diez años, o incluso más; pero para la COVID-19 el objetivo es acortar el tiempo a aproximadamente un año, un corto período de tiempo que conlleva riesgos para las farmacéuticas ante la falta de estudios suficientes sobre efectos secundarios a largo plazo.
A los riesgos se añade el hecho de que algunos países estén permitiendo desviaciones en los estándares habituales de eficacia para el desarrollo de vacunas en el marco de la pandemia.
Actualmente hay unas 160 vacunas potenciales en desarrollo, de las que más de 20 han empezado los ensayos clínicos, según las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Rusia ya ha aprobado una vacuna sin haber completado los ensayos finales.
La seguridad y eficacia de la vacuna pueden variar en función del origen de los pacientes y las vacunas se han sometido a pruebas generalizadas en Europa y Estados Unidos, por lo que Japón teme que se produzca efectos inesperados en su población, señaló Nikkei.
Aunque se están estudiando posibles vacunas también en el país asiático, la comercialización estaría prevista para más tarde y se espera que los suministros sean limitados.
Los países tienen diversos marcos para proteger a los fabricantes de medicamentos ante riesgos como los que presenta la vacuna de la COVID-19.
Cuando Japón importó la vacuna de la gripe H1N1 en 2009, aprobó una medida temporal que permitió al Gobierno firmar contratos acordando pagar una compensación a los proveedores. Una disposición similar incluida en una ley sobre vacunación expiró en 2016.
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