BRASILIA.– El juez Celso de Mello, decano del Supremo de Brasil, archivó la petición de aprehensión del teléfono de Jair Bolsonaro, investigado por presuntas injerencias ilegales en la Policía Federal, pero alertó al presidente del peligro de no cumplir órdenes judiciales, como ya sugirió, en una información publicada este martes en los medios locales.
El magistrado ratificó en la noche del lunes la postura de la Fiscalía General, que es el órgano al que le correspondía tomar una decisión al respecto y que ya se había manifestado en contra de la incautación del celular del mandatario ultraderechista.
Celso de Mello subrayó, como ya había recordado el fiscal general, Augusto Aras, que cabe al Ministerio Público solicitar diligencias de esa naturaleza y que los congresistas no poseen legitimidad para ello.
El caso se enmarca dentro de una investigación, conducida por la Fiscalía y supervisada por el Supremo, que intenta esclarecer si Bolsonaro intentó interferir políticamente en la Policía Federal, que a su vez investiga a dos de sus hijos.
La mera posibilidad de aprehender el celular de Bolsonaro fue condenada enérgicamente por el Gobierno a través del ministro de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, quien lo consideró “inconcebible” y alertó de “consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional” en caso de materializarse.
Por su parte, Bolsonaro afirmó en una entrevista a una radio local que “jamás” entregaría su teléfono, aunque hubiera un fallo judicial en ese sentido.
Esa actitud desafiante del mandatario, que mantiene un pulso con el alto tribunal, que ha parado o matizado algunas de sus iniciativas bandera, como la liberación del uso de las armas de fuego, fue criticada por Celso de Mello en su decisión.
“Una amenaza tan inusual de falta de respeto por la eventual orden judicial, que emana de la autoridad judicial competente, es totalmente inadmisible” y de cumplirse, “constituiría un comportamiento transgresor muy grave por parte del presidente de la República”, advirtió el magistrado.
Las sospechas contra Bolsonaro surgieron a partir de las denuncias del exjuez Sergio Moro, quien renunció en abril pasado como ministro de Justicia y, en su despedida, acusó al gobernante de intentar entrometerse en las investigaciones de la Policía Federal.
A partir de esas declaraciones, la Corte Suprema autorizó a la Fiscalía abrir una investigación en la que también figura el propio Moro.
El exjuez, conocido por haber liderado la operación anticorrupción Lava Jato, prestó declaración ante las autoridades e indicó que esas presiones fueron “explícitas” en una reunión ministerial celebrada el 22 de abril , días antes de su renuncia, y que fue grabada en vídeo.
En ese encuentro, que el Supremo decidió hacer público, Bolsonaro se mostró disconforme con la poca información que le facilitaba la Policía Federal, un órgano autónomo, y afirmó que intentó sin éxito cambiar la cúpula de la institución y avisó que lo intentaría de nuevo, lo que ocurrió poco después.
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