La normativa en cuestión, emitida el 16 de julio por el Departamento de Seguridad Interior (DHS), dispone que quienes en su ruta a Estados Unidos no solicitaron asilo cuando estaba disponible en al menos un tercer país fuera del suyo, no tendrán la posibilidad de hacerlo al llegar a territorio estadounidense.
Esta medida se enmarca en las acciones de Trump para intentar detener el flujo de migrantes que ha llegado en los últimos meses a la frontera sur a pedir asilo, la mayoría familias de Guatemala, Honduras y El Salvador que huyen de la pobreza y la violencia en sus países.
Tigar, un juez de la Corte de Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, emitió el 24 de julio una orden judicial con alcance nacional contra la medida, lo que significaba que debía aplicarse en otros estados además de California.
“Esta nueva regla es probablemente inválida porque es inconsistente con las leyes de asilo existentes”, escribió entonces Tigar en su fallo, denunciando la decisión del gobierno de promulgar la nueva ley como “arbitraria y caprichosa”.
Pero el gobierno recurrió ese fallo y a fines de agosto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, modificó la decisión de Tigar, sosteniendo que la medida solo podría aplicarse en California y Arizona, dos estados fronterizos con México para los cuales esta corte es competente.
Tras esta decisión, las agencias gubernamentales sobre inmigración comenzaron a implementar la normativa del gobierno en Nuevo México y Texas, otros dos estados fronterizos.
Las ONG que se habían querellado inicialmente contra la medida volvieron al juez Tigar a pedirle que ordenara una “orden judicial nacional” en este caso, lo que el magistrado hizo el lunes.
“La razón principal por la cual una orden judicial a nivel nacional es apropiada es que es el único medio” de rectificar los daños causados a las organizaciones demandantes, también activas fuera de California y Arizona, argumentó Tigar.
El alcance de la orden judicial debe definirse por el criterio de “violación constatada” y no puramente geográfico, continuó Tigar, citando a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
La Casa Blanca criticó la decisión del juez Tigar y dijo contar con ese tribunal, el más alto del país, para revocar su sentencia.
“Las politícas de inmigración y seguridad fronteriza no pueden ser llevadas a cabo por un juez de distrito que decide emitir una orden judicial nacional”, aseguró la presidencia en un comunicado. “Ese fallo es un regalo para los traficantes de personas y contrabandistas que socavan la ley”, añadió.
Los jueces conservadores son mayoría en la Corte Suprema desde la llegada de dos jueces nombrados por Trump.
Fuente: elpulmondelademocracia
