El informe final del Consejo Económico y Social (CES) abordó el vínculo entre migración irregular y seguridad nacional, advirtiendo que las redes de tráfico ilícito de migrantes han incrementado su capacidad logística y sus ganancias, lo que requiere reforzar los mecanismos de control fronterizo, la inteligencia y la cooperación internacional. Asimismo enfatizó que las medidas de seguridad deben implementarse con estricto apego a la ley y respetando siempre los derechos humanos.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICA.-El informe final del Consejo Económico y Social (CES) abordó el vínculo entre migración irregular y seguridad nacional, advirtiendo que las redes de tráfico ilícito de migrantes han incrementado su capacidad logística y sus ganancias, lo que requiere reforzar los mecanismos de control fronterizo, la inteligencia y la cooperación internacional.

Asimismo enfatizó que las medidas de seguridad deben implementarse con estricto apego a la ley y respetando siempre los derechos humanos.

En ese aspecto, los participantes coincidieron en que el modelo migratorio debe ser liderado por el Consejo Nacional de Migración, con ejecución operativa a cargo de una DGM reformada, territorialmente extendida y con facultades claramente establecidas en la ley.

Se resaltó la necesidad de una arquitectura normativa robusta, adaptable a contextos excepcionales como flujos masivos, crisis humanitarias y amenazas transnacionales.

En ese sentido, acordaron el fortalecimiento del control fronterizo y lucha contra redes ilícitas. «El control migratorio debe apoyarse en tecnología de punta, inteligencia especializada y coordinación institucional para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional y al orden jurídico», señala el informe.

Para combatir el tráfico de migrantes se deberá: Continuar el proyecto de verja perimetral inteligente para el trazado fronterizo RD- Haití, incluyendo Centros de Comando y Control (C4i), torres de observación y escáneres vehiculares. Optimizar la plataforma de videovigilancia con herramientas de analítica, biometría, lectura de placas y reconocimiento facial. Establecer un sistema de inteligencia fronteriza interoperable con agencias internacionales, como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL), Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), orientado al análisis de patrones, perfil de redes y alertas compartidas.

Así como crear una Unidad Especializada contra la trata y tráfico de inmigrantes adscrita a la Dirección de Inteligencia Migratoria, vinculada directamente al Ministerio Público. Diseñar un programa de formación continua en inteligencia operativa para personal del Ministerio de Defensa (MIDE), Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Migración (DGM), Policía Nacional y Procuraduría General de la República. Instaurar mecanismos seguros de denuncia anónima y protección comunitaria en zonas vulnerables al tráfico de personas.

Además de crear unidades jurídicas especializadas en el Ministerio Público y en la DGM para investigar casos de facilitación de tráfico ilegal. Modificar la Ley núm. 137-03, sobre tráfico ilícito y trata de personas para adecuarla a los nuevos desafíos, tomando en cuenta el rol de la comisión consultiva creada por el Decreto núm. 268-25, del 21 de mayo de 2025 y actualizar el Reglamento núm. 631-11, de Aplicación de la Ley General de Migración núm. 285-04, para incorporar figuras como el alquiler de transporte no registrado, falsificación documental y asistencia logística ilícita.

Cooperación internacional y articulación de políticas migratorias

Según el informe del CES, la gestión migratoria efectiva requiere alianzas estratégicas, marcos normativos sólidos y una gobernanza alineada con los intereses nacionales. En consecuencia, por lo que se comprometieron a fomentar alianzas con organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), ONUMujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros para canalizar cooperación técnica, asistencia a víctimas y campañas de prevención, promover la interoperabilidad regional a través de plataformas compartidas de datos y formación especializada en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y Comunidad del Caribe (CARICOM), entidad de la que el país tiene la condición de Estado Observador.

Asegurar que toda cooperación internacional se alinee con los intereses nacionales y el respeto a la soberanía institucional (soberanía cooperativa) e incorporar la gestión de alianzas migratorias en el Plan Estratégico Nacional de Gobernanza Fronteriza, incluyendo intercambio de datos y supervisión jurídica.

«Una política migratoria eficaz exige instituciones ágiles, servicios accesibles y alternativas productivas que reduzcan la informalidad», destaca el CES.

En ese sentido, acordaron mejorar la capacidad administrativa de la Dirección General de Migración, agilizando, en el marco de las leyes y en los casos en que legalmente corresponda, la emisión de documentos según el perfil del solicitante y eliminando trabas burocráticas.

Así como modernizar, siempre en correspondencia con las leyes, los trámites migratorios mediante plataformas digitales, ventanillas únicas y reducción de tasas en permisos para migrantes de bajos ingresos. Establecer el Programa Nacional de Mecanización Agrícola (PNMA) bajo el Ministerio de Agricultura, articulado con consorcios rurales y cooperativas. Crear centros regionales de formación tecnológica, en alianza con Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y universidades, orientados a la operación y el mantenimiento de maquinaria.

Además impulsar un plan nacional de innovación agropecuaria, con enfoque territorial, para la transición tecnológica y reconversión de mano de obra y diseñar un Plan Nacional de Reconversión Laboral dirigido a jóvenes y desempleados rurales, con orientación ocupacional, incentivos sociales y monitoreo del impacto.

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Un hombre que se identificó como primo del peluquero muerto a tiros ayer miércoles por la Policía Nacional junto a otros cuatro supuestos delincuentes, en Santiago, denunció que la uniformada se llevó los discos duro de la peluquería donde ocurrió el hecho para borrar posibles evidencias. “Yo fui uno de los primeros que llegué, ellos se llevaron los discos duro. En qué país del mundo tú tienes derecho a llevarte los discos duro sin una autorización de un juez o un fiscal”, expresó el pariente de José Vladimir Valerio.

SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Un hombre que se identificó como primo del peluquero muerto a tiros ayer miércoles por la Policía Nacional junto a otros cuatro supuestos delincuentes, en Santiago, denunció que la uniformada se llevó los discos duro de la peluquería donde ocurrió el hecho para borrar posibles evidencias.

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“Yo fui uno de los primeros que llegué, ellos se llevaron los discos duro. En qué país del mundo tú tienes derecho a llevarte los discos duro sin una autorización de un juez o un fiscal”, expresó el pariente de José Vladimir Valerio.

El denunciante, quien dijo ser abogado, confió en que el caso se va a esclarecer y sostuvo que su pariente no era ningún delincuente.

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“Esto se va a aclarar porque no fue a un loco que mataron… Yo soy licenciado en derechos. Esto se va a aclarar”, dijo un primo, al conversar con la prensa”, puntualizó.

De acuerdo a versiones recogidas en el lugar del hecho, Valerio se encontraba comiendo en el interior su peluquería cuando llegó la Policía “y subió los brazos y él dijo no me disparen, y se fue por el callejón corriendo, y le dieron dos tiros”.

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El incidente se registró en el sector La Barranquita alrededor de las 2:30 de la tarde, y además de Valerio también fallecieron Edward Bernardo Peña Rodríguez; Carlos Enrique Guzmán Navarro (a) El Charly o Charli Chasc; Elvis Antonio Martínez Rodríguez; y Julio Alberto Gómez.

Además, un agente resultó herido y dos miembros de la presunta estructura criminal permanecen prófugos.

Durante una rueda de prensa, el vocero policial Diego Pesqueira explicó que el caso se encuentra bajo investigación por la Dirección Central de Investigación Criminal, con coordinación del Ministerio Público.

“Vamos a dar un informe preliminar, ya que este es un evento que se encuentra en desarrollo y nuestros agentes están ampliando las investigaciones”, indicó.

Pesqueira añadió que, durante el enfrentamiento, el supuesto cabecilla de la organización, identificado como Ronny Abel Sánchez Morillo (a) Mudita, logró escapar a bordo de una yipeta Mazda de color blanco, sin placa.

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Reconociendo la magnitud de los retos que trae consigo la migración haitiana en el país, el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía se sentaron en la mesa del Diálogo por la Crisis Haitiana y sus implicaciones, acordando desarrollar un ejercicio de concertación política. En el informe final del Consejo Económico y Social (CES), órgano constitucional que congrega a los sectores económico, social y laboral se plantearon seis ámbitos estratégicos.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Reconociendo la magnitud de los retos que trae consigo la migración haitiana en el país, el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía se sentaron en la mesa del Diálogo por la Crisis Haitiana y sus implicaciones, acordando desarrollar un ejercicio de concertación política.

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En el informe final del Consejo Económico y Social (CES), órgano constitucional que congrega a los sectores económico, social y laboral se plantearon seis ámbitos estratégicos.

-Migración: enfocado en diseñar una política integral para gestionar los flujos migratorios de manera legal, ordenada y segura, protegiendo los derechos de todos y garantizando la preeminencia del ordenamiento jurídico nacional-

-Comercio bilateral: orientado a formalizar, proteger y ampliar las relaciones comerciales con Haití, reforzando la seguridad jurídica y combatiendo las prácticas ilícitas que afectan negativamente a productores y consumidores.

-Desarrollo de comunidades fronterizas: centrado en impulsar un modelo de desarrollo integral, social y productivo que fortalezca la frontera como espacio de soberanía, oportunidades y cohesión territorial.

-Seguridad nacional: destinado a reforzar las capacidades de defensa, inteligencia y orden público frente a amenazas convencionales y no convencionales derivadas de la crisis haitiana.

-Relaciones internacionales: dirigido a movilizar el compromiso efectivo de la comunidad internacional, fortaleciendo la voz y el liderazgo de la República Dominicana en foros multilaterales en la defensa de sus intereses legítimos.

-Asuntos laborales: concebido para asegurar un modelo laboral justo y regulado, que genere oportunidades de empleo para la mano de obra nacional y formalice la participación de trabajadores migrantes conforme a la ley.

Los seis acuerdos a los que arribaron tienen naturaleza diversa. En algunos casos, han identificado nuevas normativas o ajustes en normativas existentes. En otros casos, la intención es enfatizar la necesidad de velar por el cumplimiento de las normas en los casos en que no se haya logrado su estricto cumplimento. En otros casos, se acuerda trabajar para la mejora de procesos importantes que ameritan adecuarse a las nuevas circunstancias.

Finalmente, la mesa coincidió en que la política migratoria debe abordarse como una política de Estado, con un enfoque integral que combine control efectivo, cooperación internacional, articulación con la política laboral y desarrollo de las comunidades fronterizas.

Los delegados insistieron en que, sin este enfoque, cualquier medida aislada tendrá un impacto limitado y no resolverá los problemas estructurales que enfrenta el país en materia migratoria. Coincidieron en que, además, el éxito de las medidas requiere acciones efectivas contra cualquier forma de corrupción en todos los organismos responsables de la aplicación de la política migratoria.

Debe entenderse que la implementación de los convenios requiere distintos períodos presidenciales. Algunas tareas deben considerarse prioritarias, mientras que otras se desarrollarán a lo largo de varios años.

En ese último caso, el CES aboga por que los acuerdos sean asumidos por la presente administración de gobierno y por las que vendrán a lo largo de los próximos años, adaptándose de forma responsable a las circunstancias cambiantes.

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