Stephany Rosario indicó que a raíz de esa modificación, cualquier proceso de persecución por actos indebidos cometidos por funcionarios o proveedores debía sustentarse en leyes supletorias de la administración pública, lo que generaba limitaciones en la aplicación directa de consecuencias dentro del propio marco de compras y contrataciones.
SANTO DOMINGO, República Dominicana; . – La especialista en compras y contrataciones públicas, Stephany Rosario afirmó este martes que la nueva legislación en materia de compras del Estado establece un régimen de sanciones más estricto, tanto para proveedores como para funcionarios públicos que incurran en irregularidades.
Rosario explicó que la Ley 340-06, que sustituyó a la Ley 4725, fue modificada el mismo año de su promulgación para eliminar el régimen de sanciones que originalmente contemplaba.
“En el 2006, cuando se promulgó esta ley que estuvo vigente hasta el pasado 28 de enero fue modificada para eliminar las sanciones que contenía. No había ninguna sanción por el incumplimiento de algún mandato que tuviera la ley”, explicó.
La experta ofreció las declaraciones al ser entrevistada por los comunicadores Nison Batista y María López en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
Stephany Rosario indicó que a raíz de esa modificación, cualquier proceso de persecución por actos indebidos cometidos por funcionarios o proveedores debía sustentarse en leyes supletorias de la administración pública, lo que generaba limitaciones en la aplicación directa de consecuencias dentro del propio marco de compras y contrataciones.
Sin embargo, sostuvo que la normativa actual reincorpora un régimen sancionador claro y específico, tras detallar que la ley contempla penalidades no solo para los proveedores del Estado que incurran en faltas sino también para los funcionarios que participen o faciliten acciones irregulares.
Dentro de las disposiciones se establecen, según Rosario faltas clasificadas como leves y de primer, segundo y tercer grado cuyas sanciones van desde amonestaciones formales hasta la suspensión de funciones y del salario por un período de hasta 90 días, dependiendo de la gravedad de la infracción.
La especialista destacó que estos cambios representan un avance significativo en materia de transparencia y fortalecimiento institucional, al dotar al sistema de compras públicas de herramientas legales para sancionar directamente el incumplimiento y reducir espacios de impunidad.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do







