SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Desesperados familiares de una joven con aparentes trastornos mentales en San Cristóbal y que según varios documentos fue apresada por la Policía Nacional y supuestamente entregada a Migración con fines de deportación, denuncian que ahora nadie sabe de su paradero.

Tras sentirse aquejada por problemas de salud, Cristina Martínez de unos 30 años, acudió a un centro médico en el Pueblecito de Cambita, el pasado 20 septiembre donde fue apresada.

“Ella se la llevó migración, ella no está desaparecida, ella fue al hospital de Cambita con un dolor y ahí empezó a romper, porque ella tiene problemas mentales”, refirió Dominga Martínez, tía de la joven.

Luego fue llevada a varios destacamentos policiales y al presentar nuevamente problemas de salud, fue asistida en el hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal.

“Ahí le hicieron una sonografía, después no hemos sabido nada más de ella”, expresó Dominga Martínez.

Los familiares aseguraron que más tarde la joven fue llevada a Migración en Haina, desde donde supuestamente la trasladaron a Dajabón, pero que nadie le ha querido dar ningún documento.

“Porque se la llevó migración si ella es especial, ella no se sabe un número de teléfono, fue la policía de Sana Cristóbal que la llevó del hospital y la llevó a Migración”, señaló Martínez.

“Lo que ellos hicieron fue una injusticia, ellos no saben dónde la mandaron, ellos no nos saben decir”, relató la hermana, Margarita Lorenzo.

Cristina Martínez tiene dos hijos menores de edad y es madre soltera, reside junto a sus familiares en Cambita, San Cristóbal.

“Él siempre vive preguntándome tía dónde está mami, cuando tú lo vas a traer. Tu sabes cómo es ella le van a dar mucho golpe por ahí”, sostuvo Lorenzo.

Aunque la mujer no tiene ningún documento que avale su nacionalidad, familiares han reunido certificaciones de la junta de vecinos de su sector y del alcalde pedáneo que indican sus orígenes.

“Supuestamente la llevaron a Dajabón, pero no podemos ir para allá sin ningún documento”,  atribuyó Martínez

“Yo quisiera que se pongan así en mis zapatos, con un familiar perdido por ahí y más como es ella”, enfatizó Lorenzo.

Noticias SIN, se comunicó con Migración y la Policía Nacional para tratar de obtener información, pero la Entidad migratoria asegura que no detuvo a la joven. Mientras la institución del Orden Público indicó que investiga la situación.

Los familiares clamaron a las autoridades que investiguen el caso para ubicar y devolver a su hora a Martínez.

Fuente: https://noticiassin.com

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El embajador de Israel en República Dominicana, Raslan Abu Rukun, confía en que su país “ganará” la guerra contra el terrorismo tras el ataque sorpresivo y sin precedentes que ha ejecutado el grupo islamista Hamas contra el territorio israelí desde la Franja de Gaza, una estrecha banda de tierra situada en Palestina, Oriente Próximo.

“Es un día muy difícil para Israel. Estamos en guerra con las organizaciones terroristas como Hamas”, apuntó el embajador en entrevista con reporteros de LISTÍN DIARIO.

Desde tempranas horas de ayer (sábado 7) las milicias palestinas efectuaron una ola de ataques por tierra, aire y mar contra Israel, un hecho que ya ha causado más de 300 muertos, cientos de israelís secuestrados y miles de heridos, según informó Abu Rukun.

“Las organizaciones comenzaron con ataques, con cientos de cohetes y también decenas de terroristas, que se infiltraron en Israel y atacaron civiles israelís“, contó el diplomático, quien llevaba puesto un atuendo de color negro y zapatos marrones.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado José Rafael Ariza, quien representa al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), defendió al ente regulador por el fraude de unos RD$ 2,500 millones supuestamente cometido por los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), asegurando que las cooperativas tienen un Comité de Vigilancia.

ELÍAS PIÑA, República Dominicana.- La asociación de comerciantes de productos agrícolas del mercado binacional de El Carrizal, Comendador, en la provincia Elías Piña, denunciaron que la comisión designada por el presidente Luis Abinader para realizar el levantamiento de las asociaciones en la zona fronteriza, no los han tomado en cuenta.

Según explicaron, la comisión designada por el Gobierno ha realizado varios levantamientos en esta zona tomando en cuenta solo a comerciantes mayoritarios y grandes almacenes para el peritaje y levantamiento que enviaron a realizar la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y el Consejo Nacional de Gestión Presidencial.

Aseguran que en varios levantamientos de peritaje sólo han tomado en cuenta una facción de los comerciantes, dejando fuera asociación de comerciantes de productos agrícolas de Comendador.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Estado dominicano deberá pagar 43 millones 590 mil 090 dólares a Michael Lee-Chin, accionista mayoritario de Lajun Corporation, S.R.L., empresa que administró de 2007 a 2017 el vertedero de Duquesa, cuyo manejo inadecuado de los residuos sólidos fue centro de litis judicial que terminó con el contrato tras una disposición de Tribunal Superior Administrativo (TSA) de la República Dominicana.

En abril de 2018 Lajun presentó una notificación de arbitraje internacional en la que exigía una compensación de US$632.5 millones a US$676.2 millones, bajo el alegato de que el país incumplió sus obligaciones internacionales frente al Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

El tribunal concedió el pago de 43,590,090 dólares y distribuyó las costas del proceso en partes iguales. Ante la decisión emitida este viernes 06 de octubre del 2023, un equipo de expertos técnicos, especialistas y el bufete de abogados que representó al Estado dominicano llevará a cabo un exhaustivo análisis del fallo para determinar los próximos pasos a seguir.

"La decisión del tribunal no fue unánime, ya que uno de los árbitros emitió un voto disidente a favor del Estado dominicano. Esto resalta la complejidad del caso y las perspectivas divergentes entre los miembros del tribunal", indica una comunicación del El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

El MICM recordó que, en julio de 2017, los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública emitieron la Declaratoria de Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, motivada en problemas sanitarios y el riesgo inminente del manejo inadecuado de los residuos sólidos del vertedero Duquesa, entonces bajo administración de Lajun Corporation.

Explicó que el 1° de marzo de 2007, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN) y la sociedad Lajun Corporation, S.R.L. (Lajun) suscribieron un contrato para la administración y operación del Vertedero Duquesa.

El 26 de junio de 2013, el señor Michael A. Lee-Chin, de nacionalidad jamaiquina, adquirió el 90% de las cuotas sociales de Lajun Corporation, S.R.L, así como de la porción del terreno donde se encuentra el Vertedero Duquesa, a través de sus empresas Nagelo Enterprises, S.A. (panameña) y Wilkinson Company, S.R.L. (dominicana).

Duquesa está en manos de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Medio Ambiente y Salud Pública.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- De acuerdo con el relato del Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción, los directivos de la cooperativa Coop-Herrera vinculados a un fraude contra los socios de esa institución que asciende a más de RD$2,500 millones se constituyeron en una asociación de malhechores a partir de 2018.

Según el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Publico por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste de la denominada Operación Búho, ese año fue cuando se produjo el ingresó a la cooperativa del imputado Gabriel Santana Borsilea, quien habría formado la estructura fraudulenta junto al principal procesado Jorge Eligio Méndez Pérez.

El documento detalla que poco después del ingreso de Santana Basilea le fueron aprobados prestamos por más de 50 millones de pesos a sus empresas Gabriel Santana Auto Import S.R.L y Comercial Gabriel Santana S.R.L, ambas creadas en el 2016 y el mismo 2018, respectivamente, lo que dio origen al esquema que continuó hasta que se produjo la intervención de la cooperativa en mayo pasado.

De acuerdo a la acusación esas empresas no poseían historial comercial y no realizan actividades afines con el sector cooperativo, por lo que no podían ser beneficiarias del citado crédito, lo que evidencia un manejo inadecuado de los fondos de los socios de Coop-Herrera.

La solicitud de medidas de coerción, en que además de estos solicita prisión preventiva contra Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, indica que los fondos que les eran prestados a Borsilea a título personal y comercial tenían como garantía coletillas y certificados de títulos de propiedad de terrenos en Cumayasa San Pedro de Macorís.

Explica que además de que en todas las operaciones se utilizaban las mismas propiedades en garantía, las investigaciones del órgano acusador determinaron que no existe evidencias de que esos terrenos, los cuales supuestamente están en la Parcela 7 del Distrito Catastral 1 de la referida comunidad y que fueron otorgados por Consejo Estatal del Azúcar (CEA) sean propiedad de Borsilea porque en esa dependencia estatal no existe documentación alguna que lo sustente.

La investigación también determinó que los préstamos que recibía Borsilea nunca eran saldados, sino que mensualmente este realizaba reestructuraciones que consistían en llevar a la cooperativa a personas de su confianza que no poseían perfil para que se le otorgaran créditos millonarios, los cuales eran convertidos en socios y el mismo día Jorge Eligio Méndez Pérez instruía a Jacer Eliazar Mejía Pereyra a crearle un préstamo en el sistema informático financiero.

Afirma el Ministerio Público que esas personas recibían los desembolsos a través del área de caja, pero con cargo a pagar la cuota del mes de los créditos de Gabriel Santana Borsilea y sus empresas, y con lo restante, procedían a la apertura de certificados a plazo fijo, a nombre de este.

“Todas estas operaciones fueron en detrimento del patrimonio de los socios de Coop Herrera, pues se retiraban en efectivos los intereses que generaban estos certificados de depósitos a plazo fijo que no tenían respaldo, además de que se utilizaban en la negociación de propiedades y pasado el plazo de estos, eran cancelados en su totalidad”, señala la acusación.

El documento revela que en esa práctica se pudo identificar a 119 personas físicas y jurídicas, vinculadas a Gabriel Santana Borsiela, los cuales fueron utilizados para simular préstamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos, que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal, la mayoría de estos de San Pedro de Macorís.

El expediente de Operación Buho fue depositado el pasado jueves por ante la  Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste y el mismo el Ministerio Público está solicitando la imposición de prisión preventiva contra los acusados y que el caso se declare complejo. Las medidas de coerción de Operación Buho se conocerían este sábado y fueron aplazadas para el día 16 del mes en curso.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los colmados, peluquerías, salones de belleza, clubes nocturnos, bares y otros establecimientos necesitarían de una licencia emitida por el Ministerio de Interior y Policía para vender bebidas alcohólicas, según un proyecto de ley de autoría del legislador Santiago Zorrilla que se estudia en una comisión del Senado.

La referida licencia, contenida en la iniciativa de ley, tendría una vigencia de dos años contados a partir de su expedición y podrá ser eliminada por las autoridades si los establecimientos no cuentan con los requisitos básicos.

"La licencia operará una vez sea realizado el pago de la tasa correspondiente", sostiene el documento legislativo que excluye a los establecimientos hoteleros y los centros turísticos.

Procedimiento para licencia

Para que los establecimientos puedan solicitar una licencia que les permita vender alcohol, deberán proporcionar nombre y dirección del negocio, cumplir con criterios sanitarios mínimos, estar al día en el pago de los impuestos, indicar la actividad comercial del establecimiento y detallar con exactitud las medidas del área.

Una vez el Ministerio de Interior y Policía reciba la solicitud, la entidad procederá a comprobar que el establecimiento cuenta con todos los requisitos y tendrá un plazo de 30 días para emitir su decisión.