República Dominicana: El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, consideró que el ministerio público debe tener cuidado con solicitudes como aquella de resumir la lectura de la acusación a imputados a los que se les ventilas procesos judiciales, porque hay que preservar el derecho de los acusados.

“Hay varias decisiones de la Suprema Corte de Justicia (que disponen) que en el hipotético caso de que a un juez o al ministerio público se les ocurra resumir la lectura de una acusación, el acusado debe pedirle al juez que ordene la lectura (íntegra) y el juez está obligado a acoger esa petición", advirtió Castaños.

Entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, el jurista dijo que en el único caso que se puede resumir la lectura de la acusación es cuando ambas partes están de acuerdo, puesto que es necesario tener cuidado con los procesos.

“Esto debe servir de lección al ministerio público”, expresó el ejecutivo de Finjus, quien advirtió que “los expedientes no tienen que ser tan voluminosos” porque muchas veces se ignora que el Código Penal es del siglo pasado.

La opinión de Castaños fue expresada en el contexto en que el ministerio público ha considerado que por lo voluminoso del expediente de la acusación contra varios imputados en la llamada operación Medusa, el juez debe ordenar que se resuma la lectura porque el tiempo sería insuficiente para abarcar cerca de 30,000 folios.

Cámara de Cuentas

El fracaso de la actual Cámara de Cuentas ha quedado en un limbo en un aparente acuerdo entre los partidos políticos, afirmó Castaños, quien consideró que ello debe servir de lección al país para escoger personas con experiencia de Estado.

“Una Cámara de Cuentas, un Tribunal Constitucional, una Suprema Corte de Justicia, no son órganos que se puedan parecer a quienes integran el Congreso Nacional”, apuntó el jurista.

Sobre las auditorías de la Contraloría General de la República, Castaños dijo que sus resultados han indicado que hay casos “no subsanables” que debieron ser enviadas al ministerio público.

Consideró un avance importante que la Contraloría haya publicado las auditorías, y que el presidente Luis Abinader lo ordenara, no obstante indicó que las correcciones a comportamientos improcedentes no solo funcionan desde el ministerio público, si también desde el Poder Ejecutivo, “con amonestaciones y destituciones”.

Proceso electoral

Castaños manifestó que la Junta Central Electoral (JCE) está haciendo un gran trabajo para organizar las elecciones, pero tiene limitaciones por los vacíos legales que dejaron la Ley Electoral y la Ley de Partidos.

Expresó que ambas leyes dan ventajas de campaña para los partidos que están en el poder, mientras que los de oposición se niegan a acatar las disposiciones de la JCE.

“Los reclamos de la oposición ahora son los mismos que hizo el partido en el poder cuando era oposición”, apuntó el jurista, quien reiteró que los funcionarios viven expuestos a los medios, mientras los opositores se enfrentan con las limitaciones de las normativas de la JCE.

Recomendó a la JCE que dada la situación que tiene, “no apruebe resoluciones sin audiencias con los partidos políticos”

para que estos se sientan compromisarios de su cumplimiento, “porque aquí lo que importa es que este proceso (electoral) termine bien”.

Reforma de la Policía

“El Estado descuidó a la Policía y sus miembros se acostumbraron a laboral en esas (malas) condiciones”, expuso Castaños, quien agregó que durante años el cuerpo del orden actuaba con una serie de prácticas incorrectas que se venían arrastrando.

Empero, indicó Castaños, cuando se aprobó la ley de reforma policial, “nunca se aprobó uno solo de los 19 reglamentos de aplicación”, porque no había interés en hacer avanzar la reforma.

En cuanto a la formación policial, el director de Finjus señaló que había nueve escuelas con características diferentes y los programas de capacitación no se extendían ni siquiera a dos meses.

“Los conscriptos entraban (a la academia), disparaban su arma cinco veces y entre 45 y 60 días eran enviados a la calle”, reveló Castaños, quien agregó que eran instruidos en forma autoritaria.

No obstante, dijo que la reforma avanza “sin tirar un tiro” y ya la mayoría de los policías comprenden hacia dónde debe ir el cuerpo del orden, aunque admitió que un grupo decidió irse por su cuenta y otros han sido separados.

Consideró que “una reforma a la policía solo es posible cuando el Presidente de la República, que es su comandante en jefe, la dirige y hace el compromiso”, indicó Castaños, quien reconoció que desde un principio Abinader asumió ese compromiso.

El ejecutivo de Finjus elogió el trabajo que realiza el asesor español José Vila para el éxito de la reforma en su principal componente, que la formación del nuevo policía.

Dijo que la ciudadanía va a sentir el cambio que se registra en la Policía en los próximos tres años.

SANTIAGO, República Dominicana: .– La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, dictó tres meses de prisión preventiva, en contra de Yanaire Cristina Puello Cabrera, acusada de robar una recién nacida en la maternidad Renée Klang de Guzmán, la cual opera en el hospital Estrella Ureña de Santiago.

El abogado de la parte acusatoria, Héctor José Infante Méndez, dijo que la imputada cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.

De su lado, Neudy Pérez, abogado de la imputada, dijo que su cliente tiene problemas de salud mental, y aseguró que este caso tiene una responsabilidad compartida, porque si la seguridad de la maternidad, Renée Klang de Guzmán, no falla, eso no hubiera ocurrido.

Agregó que no va a apelar la medida impuesta, pero sí hará una revisión de la misma, para demostrar que su cliente tiene un problema que debe ser evaluado por un profesional de la conducta.

Adrián Rafael López, padre de la menor, dijo que a raíz de la niña ser introducida en el bolso, ha presentado problema respiratorio, pero todo está bajo control.

La recién nacida fue sustraída de la maternidad Renée Klang de Guzmán, que opera en el hospital Estrella Ureña de Santiago, el 25 de septiembre, del año en curso, la denuncia fue hecha el mismo día y la Policía Nacional informó la recuperación de la misma, a solo horas de recibir dicha querella.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

SANTO DOMINIGO, República Dominicana: – El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón cuestionó que la misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), tenga suficientes tropas y capacidad de fuego para restablecer el orden en el vecino país.

Precisó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que autoriza el despliegue de una fuerza multinacional liderada por Kenia en Haití, para ayudar a combatir a las bandas violentas que han ganado poder y desbordan a la policía, sin embargo, en el mismo documento establece la prohibición absoluta de envío de armas y municiones.

“La gente de Kenia van a llegar con armamentos ligeros porque es la única excepción que hace la resolución, reafirma que las reglas de enfrentamiento y cualquier directiva sobre el uso de la fuerza deben ser desarrolladas por los líderes de la misión de apoyo multinacional de seguridad en consulta con Haití y otros Estados miembros”, acotó.

Castillo Pantaleón habló al respecto al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El abogado señaló que, aunque el Gobierno dominicano haya celebrado el despliegue de fuerzas como una victoria, existe la interrogante de saber qué va a pasar con la misión que liderará Kenia, frente al deterioro que tiene Haití a nivel de violencia, la enorme cantidad de pandillas bien armada y una fuerza de efectivos militares casi exigua.

“La gente no se ha puesto a leer el detalle de lo que dice la resolución, qué es lo que dispone y el condicionamiento que resulta evidente pues deja esta fuerza multinacional con menos posibilidades, con menos músculos de ejercer”, sumó.

Subrayó que la única cosa que autoriza la ONU es el arresto de personas, y entiende que los mil agentes que ha prometido disponer Kenia para la misión pueden enfrentar dificultades para restablecer el orden en Haití.

“Una tropa de mil hombres a las que solo se les van a permitir el uso de armas ligeras tendrá capacidad de fuego, tropas suficientes para enfrentar miles de curtidos pandilleros que están armados hasta los dientes con armas ligeras de última generación”, cuestionó.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

 SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, saludó este lunes que Haití mostrara disposición de iniciar un diálogo con la República Dominicana para dirimir el conflicto que se ha suscitado por la construcción de un canal en el río Masacre o Dajabón.

Las autoridades haitianas ponen como condición para sentarse en la mesa de conversación que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) participe como intermediaria, lo que el incumbente de la alta entidad, espera que prime la sensatez entre ambas naciones para poder lograr un entendimiento que ponga fin al conflicto. De los Santos manifestó que históricamente las relaciones entre las naciones dominicanos y haitianos han sido tensa, sin embargo, han logrado subsanar sus diferencias mediante el diálogo.

Asimismo, opinó que el hecho de que aquí muestre interés en dialogar para llegar a un acuerdo es algo que «debemos saludarlo, tanto el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, de eso se trata, si algo debemos buscar es que toda solución a este problema se haga a través del diálogo «.

Con respecto al conflicto que se registró el día de ayer, donde nacionales haitianos levantaban un muro y fueron enfrentados por los militares dominicanos, el presidente del Senado se lo atribuyó a las bandas organizadas que operan en el vecino país manteniendo el caos, pero que no será lo mismo de este lado de la isla.

«La situación que se está dando en Haití son unas bandas que son prácticamente incontrolables, ahora como lo ha dicho el presidente de la República son incontrolables de aquel lado, de este lado si tendrán control», manifestó.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez declaró que se debe seguir apelando al diálogo y buscar la manera de realizarlo y que la participación de la ONU ayudaría a solucionar el conflicto.

En ese orden, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Ceballo, valoró que los haitianos hayan entendido que necesitan sentarse a conversar con las autoridades dominicanas para empezar a buscar soluciones para este conflicto.

Sin embargo, para Ceballo es preocupante que este diálogo suceda en un momento en que los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU estén más preocupados por lo que sucedie en Israel con los ataques recibidos por Hamás.

«Son problemas eminentemente peligrosos para la paz mundial y si nosotros pues podemos llegar a un acuerdo rápido, lo más indicado es eso», añadió el representante de los dominicanos en el exterior.

En tanto que el diputado del partido Frente Amplio, Juan Dionicio Restituyo, también saludó que las autoridades haitianas quieran buscarle una salida al conflicto geopolítico a través del diálogo, pero que quien debe participar como mediador es la Comunidad del Caribe (Caricom), ya que «nos conocemos más».

«Yo creo que debemos sentarnos a resolver el tema del río Masacre conforme a los acuerdos que hay sobre las aguas internacionales, hay demasiados acuerdos sobre eso», indicó Restituyo.

Este conflicto geopolítico que ha mantenido tenso los ánimos entre estos dos países se agudizó con el cierre de la frontera por las vías marítima, terrestre y aérea por parte del Gobierno dominicano el 15 de septiembre, afectando esta medida el comercio binacional.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

República Dominicana: A lo interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC, (Coop-Herrera) se creó una estructura delincuencial que, entre otras cosas, simuló inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos, para aparentar crecimiento y solidez de la entidad, de acuerdo con lo que plantea el Ministerio Público.

La investigación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM) y que llevó al apresamiento de siete personas, incluidos los principales ejecutivos de la cooperativa, en la denominada Operación Búho, determinó además que con los fondos que se sustrajeron a los socios, por un monto superior a los 2,500 millones de pesos, los imputados adquirieron múltiples bienes de lujo.

El pasado sábado se presentó la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos. Ellos son Jorge Eligio Méndez, exadministrador general, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya. La solicitud deberá conocerse este lunes.

De acuerdo con esta, la estructura creada respondía "de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien luego se convirtió en administrador general, colocando en el consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoria y las distintas áreas administrativas, a familiares y personas de extrema confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio".

El documento describe que, en 2018, se hizo una reestructuración de la organización administrativa de Coop-Herrera, en la que se le otorgó al cargo de administrador general la máxima autoridad dentro de la entidad.

"Crecimiento"
"A partir de esta transformación, la cooperativa experimentó un supuesto notable crecimiento en sus activos, presentando incrementos que podrían considerarse extraordinarios con relación a su historia previa", se lee en la solicitud de medidas.

Agrega que con esas maniobras se ocultaba el fraude financiero, al tiempo que daban una apariencia de solidez, para de esa forma continuar captando capitales y haciendo crecer la cartera de socios.

Según el documento, en 2018 se formó una asociación de malhechores entre los imputados Méndez Pérez y Santana Borsilea. A este último se le habrían aprobado préstamos sin sustento para ello, al punto tal que los directivos del Comité de Crédito de la entidad quedaron sin funciones, luego de negarse a aprobarle un crédito.

A Santana Borsilea le eran otorgados préstamos a título personal y comercial, cuya garantía eran amparadas por coletillas y certificados de títulos de propiedad de terrenos, con una descripción recurrente: "Parcela 7, Distrito Catastral 1, Cumayasa San Pedro de Macorís", supuestamente otorgados por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Parcela no existe
"Sin embargo, la investigación ha podido confirmar que en dicha institución del Estado no existen documentos o registros de títulos de las parcelas indicadas, mucho menos a nombre de Gabriel Santana Borsilea. Lo anterior evidencia el uso de documentos falsos para justificar los préstamos".

El ministerio público dice que pudo identificar un total de 119 personas físicas y jurídicas vinculadas a Santana Borsilea, que supuestamente fueron utilizadas para simular préstamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal.

Entre ellas figura una señora cuyo trabajo era de conserje, con un salario de 12,000 pesos al mes, pero que tiene a su nombre un Mercedes Benz de 2017.

La solicitud indica que los créditos falsos se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal y que con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), los cuales generaban intereses que eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.

Señala que los imputados falsificaron certificados de depósitos a plazo fijo para poder reflejar una liquidez ficticia y que, utilizando documentos falsos como garantías, se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios. Estos no fueron pagados y el dinero fue sustraído de los fondos de los ahorrantes.

Afirma que hasta aceptaban cheques sin fondos y mantenían constante el saldo registrado en caja y bóveda, independientemente de si tenían o no el dinero en efectivo.

El PM pide declarar el caso complejo y 18 meses de prisión preventiva para los imputados.

Fuente: https://www.diariolibre.com

SANTO DOMINGO, República Dominicana: .- La diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos y narcotráfico, dijo este lunes que desde que ella y su familia entraron a la política han sido desmoralizados por tres años y medio.

La legisladora expresó que del año 2020 atrás eran una familia mundialmente conocida, pero que una semana antes de las elecciones pasadas dejaron de serlo, porque se han encargado de crear historias para afectar su moral. Con relación a si ha recibido el respaldo de su organización política expresó que: “Mi partido está trabajando en lo de él y nosotros estamos trabajando en lo de nosotros”.

La diputada se expresó en estos términos al ser cuestionada por la prensa, tras un receso en la audiencia preliminar del juicio en su contra que se realiza en la Suprema Corte de Justicia.

El juez de la instrucción especial, Napoleón Estévez Lavandier, asignado para este proceso, debido a que cuenta con Inmunidad parlamentaria por ser diputada, conoce la audiencia preliminar.

Según ha establecido el MP, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 4 mil 400 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico en la alegada red que alegadamente encabeza su pareja, Miguel Arturo López (Micky López).

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana: – Con 33 años colaborando con el Estado para mejorar la calidad educativa del país, Acción Empresarial por la Educación (Educa) ha comprendido que el reto en República Dominicana no es crear políticas públicas, sino aplicarlas dentro de las aulas, lo que pone de manifiesto la necesidad de un enfoque integral que fortalezca el cumplimiento de roles por parte de los involucrados en la formación de los niños.

En ese aspecto, su presidenta, María Waleska Álvarez, precisó que Educa busca, entre otras cosas, empoderar a la sociedad dominicana, fortaleciendo su conocimiento sobre los deberes y derechos que le asisten en relación con la educación de sus hijos, a través del programa «Familias Comprometidas».

Detalló que “Familias Comprometidas” está estructurado con diez módulos, que permiten a los padres entender el rol que deben cumplir para que República Dominicana pueda tener una educación de calidad.

Álvarez presentó sus ideas durante la primera entrega de «La Saga», una serie de cuatro programas especiales realizada por El Nuevo Diario, de la mano de la comunicadora Julia Muñiz, para explorar el ámbito educativo de República Dominicana a través de las perspectivas de actores del pasado y del presente.

“Lograr una educación de calidad requiere de que cada uno de nosotros asuma el rol que le corresponde, el Gobierno tiene un rol que jugar en materia de la política pública, como facilitador de los recursos. Los docentes definitivamente también tienen unos compromisos y unas responsabilidades. La familia, por su parte, también tiene una responsabilidad y un rol que jugar”, indicó.

Aclaró que la iniciativa de Educa no busca enfrentar a los maestros y a los padres, sino más bien fomentar la colaboración y la asunción de roles por parte de todos los actores involucrados en la educación, tras enfatizar que lograr una educación de calidad es una responsabilidad compartida que involucra al Gobierno, los docentes y las familias, pero cada uno debe cumplir el rol correspondiente.

Índice de calidad

La presidenta de Educa reveló que también están trabajando en la elaboración de un índice de calidad objetivo, debido a que en la actualidad la medición de los profesores se basa en elementos subjetivos.

En ese sentido, Álvarez propuso dos criterios fundamentales para calificar a los docentes: el compromiso con la educación, que se mide en términos de horas de clases dictadas, jornadas participadas y tiempo dedicado al aula; y el progreso de los niños bajo su responsabilidad; es decir, cuánto aprenden y qué aprenden en el aula.

Despolitizar

Aunque es consciente de que la política no es mala, María Waleska Álvarez dijo que no desconoce que para lograr una continuidad de Estado y los niveles de calidad a los que aspira el país, es imperante que reine la institucionalidad dentro del ministerio que maneja la política educativa de la República Dominicana.

Por lo que soñando con lograr un sistema educativo institucionalizado, en el que los actores puedan garantizar la continuidad de Estado, Educa propuso que todos los cargos docentes y administrativos sean otorgados por concursos.

“Hemos propuesto que hoy en día el Consejo Nacional de Educación, que es el mayor órgano para regular la política educativa, no esté en manos de una mayoría representada por el Gobierno, sino que el poder resida en la sociedad”, comentó.

De igual forma, planteó que tanto el ministro como el viceministro de Educación tengan impedimentos legales para optar por cargos electivos en los próximos tres o cuatro años posteriores a su gestión. Pero también, que los directores regionales y distritales puedan realizar ninguna actividad política, más que el solo hecho de ejercer su derecho al voto, mientras sean responsables de dicha área.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do