La querella se basa en la violación del artículo 367 y siguientes del Código Penal Dominicano, que castigan la difamación y la injuria. También, los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, del 23 de abril de 2007, y los artículos 29, 31, 33, 38 y 51 de la Ley 61-32, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. – El Ministerio Público arrestó este domingo a Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez para conducirlo ante la Fiscalía de Santiago, instancia a la que dejó de acudir a una citación para ser procesado en torno a una querella que pesa en su contra por difamación e injuria.

El arresto de Martínez Jiménez se produjo la mañana de este domingo en un hotel del Distrito Nacional.

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Un fiscal de la Dirección General de Persecución, acompañado de personal de otras áreas del Ministerio Público, conducirá al investigado hasta Santiago.

Contra Martínez Jiménez y la señora Vhanessa Victoria, acusada de cómplice,pesa una querella impuesta por Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación de Ecuestre Nacional.

De lo que se le acusa 

La querella se basa en la violación del artículo 367 y siguientes del Código Penal Dominicano, que castigan la difamación y la injuria. También, los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, del 23 de abril de 2007, y los artículos 29, 31, 33, 38 y 51 de la Ley 61-32, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

FUENTE: https://www.diariolibre.com/

"Esta sociedad entre el sector público y el privado tiene como objetivo dinamizar la economía regional, atraer inversiones, generar empleos formales y posicionar a Cabo Rojo como un referente turístico en el Caribe", añadió. 

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. – El Comité Administrativo del Fideicomiso Pro-Pedernales aprobó la selección del Consorcio Cabo Rojo, encabezado por el Grupo Puntacana, como socio minoritario y estratégico del Estado dominicano, para el desarrollo, operación y mantenimiento del nuevo destino turístico Cabo Rojo en Pedernales.

El Consorcio Cabo Rojo fue escogido luego de un riguroso proceso de licitación nacional e internacional en el que presentaron propuestas tres consorcios o sociedades de inversión.

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El director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales, Sigmund Freund, expuso que la decisión se tomó tras una exhaustiva evaluación técnica y financiera llevada a cabo por el Comité de Selección de Socio Estratégico del fideicomiso, el cual recomendó la adjudicación al consorcio por presentar la mejor propuesta y cumplir con todos los requisitos establecidos en el proceso competitivo de referencia No. FID-SE-0001.

Freund destacó la transparencia de este proceso competitivo y agregó que con la entrada de un socio estratégico se garantiza la continuidad y sostenibilidad del proyecto.

Resaltó también el impacto positivo en toda la Región Sur a través de la mejora de la calidad de vida de la población, la creación de nuevos emprendimientos y empleos directos e indirectos con el desarrollo del comercio y obras que serán de gran beneficio para las comunidades cercanas al proyecto.

¿Por qué la selección?

La propuesta del Grupo Puntacana, líder del consorcio adjudicado, fue valorada por su amplia trayectoria en el desarrollo de destinos turísticos de clase mundial y su solvencia técnica, lo que permitirá ampliar la oferta turística del país y proyectar a la Región Sur como un destino de calidad internacional.

"El Consorcio Cabo Rojo resultó como adjudicatario por cumplir con los criterios de selección exigidos. La importancia fundamental de este procedimiento reposa en los múltiples beneficios sociales y económicos que traerá consigo el desarrollo de Cabo Rojo, enclavado en el polo turístico de Pedernales, al cual esperamos que el Consorcio Cabo Rojo, además de los aportes tangibles, inyecte su experiencia y conocimientos de gestión en la región", subrayó Freund.

Anuncia la Fase III

Con la aprobación de la adjudicación al Consorcio Cabo Rojo para el desarrollo turísticos de Pedernales, el Comité Administrativo del Fideicomiso Pro-Pedernales también autorizó el inicio de la Fase III del proceso FID-SE-0001, que contempla la negociación y firma de los contratos entre el Estado dominicano, a través del fideicomiso, y el Consorcio Cabo Rojo.

La adjudicación del socio minoritario y estratégico marca el inicio de una nueva etapa en el proceso de ejecución del destino Cabo Rojo–Pedernales, enmarcado dentro de una visión de desarrollo inclusivo, ordenado y respetuoso del entorno natural, indicó el director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales.

"Esta sociedad entre el sector público y el privado tiene como objetivo dinamizar la economía regional, atraer inversiones, generar empleos formales y posicionar a Cabo Rojo como un referente turístico en el Caribe", añadió.

El Grupo Puntacana es pionero en prácticas de turismo responsable en la República Dominicana y su integración al proyecto Cabo Rojo representa una garantía de calidad, sostenibilidad y proyección internacional.

En esta reunión del Comité Administrativo del Fideicomiso Pro-Pedernales participaron los ministros José Ignacio Paliza, de la Presidencia; Sigmund Freund, de Administración Pública y director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales; Jochy Vicente, de Hacienda; Eduardo Estrella, de Obras Públicas, y Paíno Henríquez, de Medio Ambiente.

Igualmente, Alexis Cruz Rodríguez, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Andrés Lugo Risk, director de Alianzas Público-Privadas y Andrés Vander Horst Álvarez, Gestor Fiduciario.

FUENTE: https://www.diariolibre.com/

"El eventual daño económico puede ser reparado si se devuelve el dinero con sus intereses", indica el fallo, añadiendo que permitir suspensiones automáticas afectaría la tutela judicial efectiva de la parte favorecida por la sentencia, en este caso, la señora Peña.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. – El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) arrastra desde el año 2011 una disputa judicial por la concesión de un gazebo en la Plaza Güibia y ha tratado en vano de revocar tres sentencias que lo obligaron a pagar una indemnización de 2 millones de pesos a una persona.

El último giro de este caso ocurrió el lunes 2 de junio con la publicación de una resolución en la que el Tribunal Constitucional (TC) negó suspender la ejecución de la última orden judicial contra el ADN y reafirmó la compensación económica.

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El origen del conflicto es un acuerdo del 2006 entre la Alcaldía de Roberto Salcedo y la señora América Eugenia Peña B. de Brea para que ella desocupara voluntariamente un comercio informal que tenía en el área y diera paso a la construcción de la referida Plaza.

A cambio, la institución se comprometió a favorecerla con el privilegio de primera opción para su reubicación en los nuevos módulos que tendría el proyecto.

La obra fue inaugurada en 2011 y los quioscos fueron asignados a otras personas. El Ayuntamiento alegó que la señora Peña no cumplió con la obligación de "responder dentro de los 10 días para cumplir las condiciones fijadas", por lo que procedió a hacer una licitación pública.

"Si bien estaba la promesa de tomar en cuenta a la hoy recurrida como persona privilegiada como primera opción, no se trata de un contrato de adjudicación directa sin agotarse ciertos trámites que no pueden ser eludidos", argumentó la defensa.

Cuatro sentencias

La comerciante llevó su reclamo al Tribunal Superior Administrativo (TSA), el cual le dio la razón y condenó en 2014 al gobierno municipal del Distrito Nacional a pagarle la suma de 2 millones de pesos "como justa reparación de los daños y perjuicios".

Inconforme con el fallo, el ADN apeló y consiguió que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anulara la sentencia y reenviara el caso al TSA en 2015

Este tribunal conoció el proceso desde cero, como le fue ordenado, y llegó a la misma conclusión. El ADN tendría que pagar 2 millones de pesos "por concepto de valor agregado, lucro cesante y la plusvalía despojada de la asignación".

El ciclo se repitió y el cabildo elevó otro recurso de casación ante la SCJ, que fue rechazado esta vez.

Agotadas todas las vías en los tribunales ordinarios, los abogados del municipio llevaron el caso al TC en 2022 con un recurso de revisión constitucional contra la última sentencia de la SCJ y otro en el que solicitaban la suspensión de su ejecución hasta tanto sea decidido el primero.

Los jueces constitucionales rechazaron aplicar la medida cautelar (sentencia TC/0355/25) y, por tanto, ratificaron la obligación de erogar la misma suma por cuarta vez.

A casi 20 años del acuerdo, la señora Peña no ha conseguido el dinero ni la asignación del quiosco. Todavía resta conocer la revisión constitucional con la cual la demandante obtendría una sentencia definitiva e inapelable.

En su decisión el Tribunal Constitucional no encontró méritos para suspender la sentencia. En su fallo, recordó que la suspensión de una decisión judicial es una medida excepcional, que solo procede cuando hay riesgo de un daño que no pueda corregirse más adelante, lo cual no fue probado en este caso.

• "El eventual daño económico puede ser reparado si se devuelve el dinero con sus intereses", indica el fallo, añadiendo que permitir suspensiones automáticas afectaría la tutela judicial efectiva de la parte favorecida por la sentencia, en este caso, la señora Peña.

El Tribunal también señaló que este tipo de solicitudes no pueden ser usadas como táctica para retrasar indefinidamente el cumplimiento de decisiones judiciales, reafirmando así un precedente importante sobre cómo deben interpretarse los recursos de suspensión en materia constitucional.

La decisión fue aprobada por mayoría y ordena al Ayuntamiento cumplir con el pago de la indemnización, sin más demoras.

FUENTE: https://www.diariolibre.com/

En las labores también participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, Distrito Nacional y Santo Domingo Este, la Policía Nacional, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con el apoyo de unidades caninas.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. – El cuerpo sin vida de la niña arrastrada por una cañada durante las lluvias del jueves en el sector El Primaveral, en el municipio Santo Domingo Norte, fue encontrado este sábado en una zona boscosa, cerca del Residencial Serenity III, a varios metros de donde fue vista por última vez.

El hallazgo se produjo alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando los rescatistas intensificaban la búsqueda de Yuleidy Serrano Santana, de cinco años. El terreno donde fueron encontrados los restos de la menor está rodeado de mucha basura y completamente descuidado por los vecinos de los alrededores de los apartamentos.

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El cuerpo de la niña fue retirado en una bolsa blanca por personal del Inacif junto a miembros de la Defensa Civil a través de un estrecho caminito en la zona. Los padres de Yuleidy llegaron al lugar tras ser avisados de la noticia. La madre, desbordada por la conmoción, no podía creer lo que sucedía.

¿Dónde fueron localizados los restos de la niña?

Según informó la Defensa Civil, los restos fueron localizados en aguas del Arroyo Yaguasa, a varios metros de donde la niña había sido vista por última vez.

Tras el rescate, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos de rigor, antes de ser entregado a la familia para su sepultura.

Más de 400 rescatistas se sumaron a las labores de búsqueda, recorriendo más de tres kilómetros del afluente.

En las labores también participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, Distrito Nacional y Santo Domingo Este, la Policía Nacional, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con el apoyo de unidades caninas.

• Según testimonios, la niña se encontraba jugando frente a su vivienda cuando fue sorprendida por la repentina crecida de la cañada, que se desbordó en cuestión de minutos.

Las lluvias arrastraron basura, ramas y objetos de gran tamaño, dificultando aún más las labores de búsqueda.

FUENTE: https://www.diariolibre.com/