El grupo de indocumentados, conformado por 29 hombres, 12) mujeres y 01 menor de edad, fue trasladado hacia la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército para el proceso correspondiente, que incluye la entrega a la Dirección General de Migración y su posterior repatriación.

Montecristi, RD.- Otro grupo de 42 nacionales haitianos en condición migratoria irregular fue interceptado por miembros del Ejército de República Dominicana cuando se desplazaba por una zona rural de Guayubín, Montecristi.

Los extranjeros indocumentados caminaban evadiendo el destacamento militar Mangá cuando fueron detenidos por una patrulla integrada por soldados del ERD y personal de inteligencia de la institución.

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El grupo de indocumentados, conformado por 29 hombres, 12) mujeres y 01 menor de edad, fue trasladado hacia la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército para el proceso correspondiente, que incluye la entrega a la Dirección General de Migración y su posterior repatriación.

FUENTE: https://noticiassin.com/

Consultor internacional colombiano, experto en derecho de las telecomunicaciones y marcos regulatorios. Ha trabajado con el BID, la UIT y gobiernos de la región. Su aporte proporciona una visión comparada y estratégica, esencial para una reforma moderna y orientada al desarrollo digital.

Santo Domingo, RD. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) inició el proceso de reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, promulgada hace 27 años, con el propósito de adecuar el marco normativo al desarrollo del ecosistema digital, las nuevas dinámicas del mercado y las demandas de una ciudadanía a la diversidad de servicios digitales.

La institución contrató un equipo de juristas y consultores especializados que elaborará un anteproyecto de ley que responda a los desafíos regulatorios actuales, al tiempo que garantice una mayor protección de los derechos de los usuarios, fomente la competencia leal y fortalezca el rol del Estado como garante del acceso equitativo a los servicios de digitales.

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“La Ley 153-98 fue concebida en un contexto analógico que ha quedado rezagada frente al vertiginoso avance tecnológico. Este proceso representa una oportunidad para modernizar el marco legal del sector, promover la inclusión digital y colocar al ciudadano en el eje central de la política pública”, afirmó el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara.

La reforma se estructurará en varias fases: identificación de prioridades regulatorias, redacción técnica del nuevo articulado, rondas de discusión interna y externa, y socialización del texto final antes de su presentación al Congreso Nacional. Este abordaje permitirá construir una propuesta legítima, participativa y alineada con los principios constitucionales.

El nuevo marco legal incluirá ejes clave como la regulación básica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la redefinición del rol del órgano regulador en un entorno convergente, la libre y leal competencia, y un sistema robusto de garantías para los usuarios en el entorno digital.

Asimismo, INDOTEL implementará un proceso nacional de consultas públicas que integrará a prestadoras de servicios, instituciones gubernamentales, representantes del sector académico, sociedad civil y organismos multilaterales, con el objetivo de garantizar una reforma transparente, inclusiva y técnicamente sólida.

Para la redacción del anteproyecto, el órgano regulador de las telecomunicaciones ha integrado un equipo técnico de alto nivel, conformado por los juristas José Luis Taveras, Nassef Perdomo Cordero y Angélica Noboa Pagán, junto al consultor internacional Christian Lizcano, experto en marcos regulatorios del sector telecomunicaciones y asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La combinación de trayectorias locales e internacionales consolida una visión integral, que respalda el compromiso institucional con una reforma normativa sólida, actualizada y orientada al desarrollo del ecosistema digital y genere un entorno habilitador para la innovación y la inversión en el mercado digital dominicano.

José Luis Taveras
Reconocido jurista dominicano con más de tres décadas de experiencia en derecho corporativo, telecomunicaciones y regulación económica. Ha sido asesor legal del INDOTEL en procesos clave y es autor de importantes normativas nacionales. Su trayectoria garantiza un enfoque técnico riguroso y adaptado a las transformaciones del ecosistema digital.

Nassef Perdomo Cordero
Abogado especializado en derecho constitucional y administrativo. Ha centrado su carrera en la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de derecho. Su participación en el anteproyecto asegura una base jurídica sólida y coherente con los principios constitucionales dominicanos.

Angélica Noboa Pagán
Especialista en derecho de la competencia y regulación de mercados, con amplia experiencia en el sector público y privado, así como en organismos internacionales. Su conocimiento garantiza que la nueva ley promueva un entorno competitivo, justo y alineado con las mejores prácticas regulatorias.

Cristian Lizcano
Consultor internacional colombiano, experto en derecho de las telecomunicaciones y marcos regulatorios. Ha trabajado con el BID, la UIT y gobiernos de la región. Su aporte proporciona una visión comparada y estratégica, esencial para una reforma moderna y orientada al desarrollo digital.

FUENTE: https://noticiassin.com/

“De haberse terminado el trabajo comenzado por el ingeniero José Manuel Hernández Coste, se hubiese podido detectar la grave falla de la estructura”. “Los imputados mostraron una gran irresponsabilidad frente a una cuestión de vital importancia para la seguridad de sus clientes”.

Santo Domingo, Republica Dominicana.- La solicitud de medida de coerción en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat contiene diversos señalamientos que buscan probar su afirmación de que los dueños del Jet Set cometieron homicidio involuntario. A continuación algunas de esas expresiones:

“El traslado de local del Jet Set Club implicó un cambio en la nivelación del suelo, pero no se realizaron las variaciones fundamentales en la estructura, ya que un cine y una discoteca requieren de especificaciones estructurales distintas”.

“La discoteca Jet Set Club funcionaba a través de la entidad comercial Inversiones E y L SRL […] estando su órgano de gestión conformado por el imputado Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, los cuales aparecen como gerentes y personas autorizadas a firmar.”

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“El establecimiento sobrepasaba los parámetros permitidos por la norma ambiental para la protección contra ruidos, lo que evidencia que había un constante irrespeto a la ley por parte de los imputados.”
“Lo anterior muestra la vinculación, dominio y conocimiento que tenía la imputada Maribel Espaillat, de la operatividad de la discoteca Jet Set Club”.

“La edificación donde funcionó el Jet Set Club desde el año 1994 fue intervenida en varias ocasiones, específicamente en el año 2010, cuando se realizó una remodelación general […] orientada a la funcionalidad de la recreación nocturna”.

“En el año 2014, solo se pudo panear tres columnas y determinar dos zapatas, ya que al trabajo no se le dio continuidad por los responsables de contactarlo, quedando esta labor en un 10% de progreso”.

“De haberse terminado el trabajo comenzado por el ingeniero José Manuel Hernández Coste, se hubiese podido detectar la grave falla de la estructura”. “Los imputados mostraron una gran irresponsabilidad frente a una cuestión de vital importancia para la seguridad de sus clientes”.

“Estas modificaciones se hicieron sin tomar en cuenta el impacto que tendrían en la estructura”. (sobre los cambios de 2015, como el escenario, pista, VIP, ductos y climatización).

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“Los plafones se están rompiendo, está cayendo pedazo del techo y eso es peligroso”. Pero nada fue suspendido. Esa misma noche, un plafón hirió a un cliente (Remberto Durán Cabrera), pero Maribel, presente en el lugar, se negó a cancelar la fiesta alegando que solo Antonio podía tomar esa decisión. La actividad continuó. Horas después, el techo se desplomó durante un concierto de Rubby Pérez.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- A pocos días del colapso del techo del Jet Set Club que dejó 235 muertos y más de 180 heridos, las autoridades ya no tienen dudas: los hermanos Antonio y Maribel Espaillat sabían que algo iba mal, ignoraron las advertencias y, tras la tragedia, intentaron ocultar su responsabilidad.

Así lo revela el expediente acusatorio del Ministerio Público, que sostiene que los imputados buscaron presionar testigos, encubrir pruebas y tergiversar hechos con el objetivo de evadir la justicia. Los hermanos Maribel y Antonio Espaillat deberán acudir este domingo a las 2:00 p.m. al tribunal, donde será evaluado el pedido de medida de coerción sometido por el Ministerio Público. El reporte cita 290 personas entre víctimas, denunciantes y querellantes, de ellos 235 muertos y 55 heridos.

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Advertidos… y silenciosos
Durante los meses previos al colapso, el techo del Jet Set daba señales claras de deterioro estructural: filtraciones constantes, plafones cayendo, escombros entre el falso techo y lonas improvisadas para contener el agua. Estas situaciones eran documentadas en fotos y videos por los propios empleados, quienes las compartían directamente con Antonio Espaillat, el gerente general del club. El Ministerio Público encontró evidencia en el celular de Manuel Jiménez Mateo, encargado de mantenimiento, de que Antonio y Maribel estaban al tanto de todo. Incluso, Maribel Espaillat le envió fotos a Manuel el 24 y 28 de marzo de 2025, señalando plafones rotos y ordenando que “fueran chequeados y reforzados”, reconociendo expresamente que “eso podría afectar a alguien”.

Silenciar a Gregorio
El testimonio más demoledor es el de Gregorio Adames Arias (Gregory), empleado del club, quien advirtió en múltiples ocasiones el riesgo que representaba el techo. El 5 de abril de 2025, presenció y reportó la caída de escombros. Subió a una escalera y quitó los plafones que aún colgaban. Reportó el hecho a Maribel, quien se lo comunicó a Antonio.

El 7 de abril, envió un mensaje directo a Antonio Espaillat:

“Los plafones se están rompiendo, está cayendo pedazo del techo y eso es peligroso”.
Pero nada fue suspendido. Esa misma noche, un plafón hirió a un cliente (Remberto Durán Cabrera), pero Maribel, presente en el lugar, se negó a cancelar la fiesta alegando que solo Antonio podía tomar esa decisión. La actividad continuó. Horas después, el techo se desplomó durante un concierto de Rubby Pérez.

Presión a testigos y manipulación
La parte más delicada del expediente es la que acusa a los hermanos Espaillat de intentar manipular testigos clave. Según el Ministerio Público:

“Los imputados han tenido contacto con testigos del proceso, cuestionándolos sobre la posible divulgación de información respecto a las situaciones que venía presentando el techo del Jet Set Club.”
Esta conducta encendió las alarmas de los fiscales, quienes advirtieron que los imputados podrían obstruir la investigación, alterar pruebas o intimidar testigos, lo que motivó la solicitud de prisión preventiva para Antonio Espaillat.

“Levanten el techo, pero que nadie hable”
Uno de los intercambios de mensajes más comprometedores es cuando Antonio Espaillat minimiza las advertencias de su propio personal.

A las 2:44 p.m. del 7 de abril, Manuel Jiménez le informa sobre los plafones rotos y que Gregorio estaba insistiendo en que caían piedras del techo. A cambio de tomar medidas inmediatas, Antonio solo responde:

“De acuerdo con ambas cosas” refiriéndose a la promesa de enviar técnicos… días después.
A pesar de todo, la fiesta de esa noche no fue cancelada.

Estrategia de encubrimiento sistemática
El Ministerio Público califica las acciones de los hermanos Espaillat como parte de una estrategia sostenida de encubrimiento, documentada en:
Remodelaciones ilegales sin permisos del Ministerio de Obras Públicas ni del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Falsas reparaciones realizadas por personal no calificado (empleados comunes, obreros haitianos, sin formación técnica).

Falta de seguimiento a estudios estructurales serios: el ingeniero Hernández Coste inició un levantamiento técnico en 2014 que se dejó en apenas un 10% de ejecución. Para el Ministerio Público, el crimen de los hermanos Espaillat no fue solo la negligencia que llevó al colapso, sino también el intento deliberado de evitar que se supiera la verdad. Su estrategia incluyó:
Minimizar públicamente las fallas estructurales.

Presionar a empleados clave.
Mantener operando el local incluso tras incidentes que debieron generar alarma inmediata.
Eran conscientes del riesgo. Se les advirtió. Se les documentó. Prefirieron el negocio al deber legal.

Y después intentaron que nadie hablara. Eso los convierte no solo en responsables, sino en un peligro procesal que amerita prisión”, concluye el Ministerio Público.

FUENTE: https://noticiassin.com/