El abogado Yan Carlos Martínez Segura dijo que dicha solicitud de medida contra Ventura es ilegal y abusiva. Esto ocurre en el marco de una querella penal presentada por la empresa Petromovil SA, por supuesta difamación e injuria.

SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El equipo legal de Jefte Rafael Ventura Jiménez denunció este miércoles, supuesto abuso de autoridad y solicitud ilegal de medida de coerción contra el acusado de difamación, por parte de la Procuraduría Fiscal de la Provincia de La Altagracia, bajo la dirección del fiscal actuante Víctor Román Camacho Padua.

El abogado Yan Carlos Martínez Segura dijo que dicha solicitud de medida contra Ventura es ilegal y abusiva. Esto ocurre en el marco de una querella penal presentada por la empresa Petromovil SA, por supuesta difamación e injuria.

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«Esta acción se realiza de manera sesgada, apartándose por completo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad consagrados en el Código Procesal Penal (CPP, Ley No. 97-25 de 2025) y la Constitución de la República Dominicana», señaló Martínez.

Afirmó que la solicitud de prisión preventiva contra Jefte por un supuesto caso de difamación e injuria no sólo ignora normativas claras, sino que podría representar un intento evidente de silenciar a un ciudadano que ha dedicado su vida a exponer graves irregularidades en el sector de combustibles, protegiendo así los derechos de millones de consumidores dominicanos.

A través de un comunicado de prensa, explicó que el caso surge en su plataforma “Hablando de Vehículos”, que ha documentado exhaustivamente incumplimientos en los estándares de octanaje y calidad de la gasolina vendida por empresas del sector combustible.

Comunicado Ministerio Público.-
«Estas revelaciones no son meras opiniones: se basan en un estudio técnico oficial obtenido mediante una sentencia firme del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que obligó al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a entregar informes detallados sobre adulteraciones y fraudes en el mercado de combustibles».

Aseguró que estas denuncias han destacado problemas críticos, como daños irreparables a motores de vehículos, pérdidas económicas para conductores, impactos ambientales negativos y posibles riesgos para la salud pública derivados de combustibles defectuosos o contaminados.

«Jefte ha impulsado campañas de conciencia, promoviendo boicots a estaciones incumplidoras y exigiendo transparencia en un sector plagado de quejas ciudadanas».

Sin embargo, Martínez expresó que la labor de Ventura ha sido respondida con hostigamiento sistemático: amenazas constantes, un rapto reportado en junio de 2024, la quema intencional de su vehículo y, ahora, esta persecución judicial infundada.

«Esto no es justicia; Nos preguntamos ¿es represión desde el estado para proteger intereses privados poderosos en la mafia de los combustibles?», cuestionó el abogado.

Denuncia de abuso de poder

Martínez informó que la solicitud de prisión preventiva, presentada recientemente por el fiscal Camacho Padua, se fundamenta en alegadas violaciones al Código Penal Dominicano, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento (1948) y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (artículos 21 y 22, que tipifican la difamación e injuria a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos).

Sin embargo, esta medida contraviene directamente el artículo 226 del CPP, que prohíbe taxativamente la imposición de prisión preventiva en infracciones de acción penal privada, como lo son tradicionalmente la difamación e injuria.

“Aunque la Ley 53-07 clasifica estas conductas en el ámbito digital como acción pública a instancia privada (artículo 64), permitiendo la intervención del Ministerio Público tras una querella inicial de la parte afectada (en este caso, Petromóvil S.A.), esto no autoriza un abuso discrecional”.

Manifestó que la prisión preventiva solo procede bajo los estrictos supuestos del artículo 238 del CPP.

“Debe haber evidencia suficiente de un delito grave, riesgo inminente de fuga del imputado o peligro real para la víctima, los testigos o la sociedad, lo que evidentemente no ocurre en este caso”, aseguró.

Asimismo, señaló que en el caso de Jefte ninguno de estos requisitos se cumple de manera objetiva.

“Ha colaborado con las autoridades en todo momento y no tiene antecedentes penales; no hay peligro social, pues sus publicaciones buscan el bien público, amparadas en documentos judiciales y en el derecho constitucional a la libertad de expresión (artículo 49 de la Constitución)”.

Afirmó que la actuación sesgada del fiscal Camacho Padua sugiere motivaciones extralegales, posiblemente influenciadas por presiones externas, apartándose de la objetividad que exige su rol, lo que amerita una investigación interna del Ministerio Público para establecer si existe alguna irregularidad.

Disparidad en el trato

El abogado Martínez hizo una comparación con casos de altos funcionarios y señaló que ni siquiera en los casos de difamación e injuria presentados recientemente por altos funcionarios del gobierno se ha solicitado o impuesto prisión preventiva en función del mérito de la acusación.

“Por ejemplo, en el caso de la ministra de Interior y Policía, en el fondo estos procesos han avanzado con medidas coercitivas menores. De igual modo, otras querellas por supuestos ciberdelitos contra funcionarios en 2025-2026 no han recurrido a coerción extrema, lo que evidencia una aplicación selectiva de la ley contra ciudadanos comunes como Jefte, quien denuncia corrupción sin respaldo político”.

Indicó que esta desigualdad viola el principio de igualdad ante la ley (artículo 39 de la Constitución) y evidencia un abuso de poder para censurar voces disidentes.

Llamado urgente a la acción

“Exigimos la inmediata revocatoria de esta solicitud ilegal, una investigación independiente por parte de la Procuraduría General de la República sobre el abuso de autoridad del fiscal Víctor Román Camacho Padua y sanciones ejemplares para restaurar la confianza en el sistema judicial”.

Instó al Poder Judicial a rechazar esta medida en la audiencia correspondiente, protegiendo la libertad de expresión y el derecho a denunciar irregularidades públicas.

“A la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y al pueblo dominicano: ¡solidaricémonos con Jefte! Su lucha es la de todos contra la impunidad en el sector energético”, concluyó.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

Miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se presentaron en la escena para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cadáver, con el objetivo de determinar las circunstancias del deceso y establecer la causa de la muerte.

MICHES, República Dominicana: – Un hombre fue hallado sin vida en el vertedero del sector Los Franceses, en el municipio de Miches, según confirmaron las autoridades. El hallazgo ha generado consternación entre los residentes de la zona.

Miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se presentaron en la escena para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cadáver, con el objetivo de determinar las circunstancias del deceso y establecer la causa de la muerte.

Aunque la identidad del fallecido aún no ha sido revelada, las autoridades informaron que ampliarán la información a medida que avancen las indagatorias.

De acuerdo con informaciones preliminares, el cuerpo fue encontrado en horas recientes en el vertedero. La notificación a las autoridades fue inmediata.

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Javier destacó que esta importante infraestructura fue inaugurada por el presidente de la República, Luis Abinader y aseguró que representa un paso trascendental para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los residentes en la zona.

SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El comunicador Feliz Javier definió este martes como una “gran obra” la inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, la cual conecta el municipio de Los Alcarrizos con el Distrito Nacional y beneficiará a más de un millón de usuarios.

Javier destacó que esta importante infraestructura fue inaugurada por el presidente de la República, Luis Abinader y aseguró que representa un paso trascendental para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los residentes en la zona.

“La gente está feliz con la inauguración de la Línea 2C del Metro, lo que debe servir de lección a sectores políticos de la oposición que satanizaron esa obra”, manifestó.

El comentarista expresó sus consideraciones junto a los comunicadores Rey Raul Sully y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario de la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, Javier señaló que en el entorno de la obra se observa una infraestructura moderna, iluminada y organizada.

Indicó que durante su construcción hubo intentos de deslucir el proyecto por razones políticas, pero que hoy es una realidad al estar en funcionamiento y al servicio de la ciudadanía.

El analista llamó a la clase política nacional a actuar con mayor respeto y responsabilidad, señalar que cuando se está en una posición y mañana se puede estar en otra, no le gustaría que le hicieran lo mismo.

En ese contexto Feliz Javier, lamentó que algunos sectores se opongan a una obra de esta magnitud, advirtiendo que esa postura podría generar rechazo entre los residentes de Los Alcarrizos, Pedro Brand, Pantoja y Palmarejo, comunidades que según afirmó resultarán directamente beneficiadas con la nueva conexión ferroviaria.

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En un comunicado acompañado de un video enviado a esta redacción, las organizaciones sostienen que las emisiones contaminantes han provocado un aumento de enfermedades respiratorias en las comunidades cercanas. En las imágenes, grabadas la tarde de este martes 24 de febrero de 2026, se observa una de las chimeneas de la planta emitiendo humo de color oscuro.

PERAVIA, República Dominicana: – La Red de Monitoreo Comunitario de Nizao y la Red de Monitoreo Comunitario de Sabana Uvero de Paya denunciaron este martes que la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) estaría emitiendo micropartículas y gases tóxicos por encima de los niveles permitidos, lo que aseguran está afectando la salud de los residentes de la zona.

En un comunicado acompañado de un video enviado a esta redacción, las organizaciones sostienen que las emisiones contaminantes han provocado un aumento de enfermedades respiratorias en las comunidades cercanas. En las imágenes, grabadas la tarde de este martes 24 de febrero de 2026, se observa una de las chimeneas de la planta emitiendo humo de color oscuro.

Los representantes comunitarios advirtieron que de continuar la situación, los habitantes de Nizao y otras localidades de la provincia Peravia seguirán enfrentando consecuencias en su salud debido a la contaminación aérea.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades ambientales y de salud pública para que investiguen las denuncias, realicen las mediciones correspondientes y adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.

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La víctima fue identificada como Juan Pichardo Zapata, de 37 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

SANTIAGO, República Dominicana; – Un hombre presuntamente roció con gasolina y prendió fuego a su hermano durante una discusión ocurrida en el sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de Santiago de los Caballeros.

La víctima fue identificada como Juan Pichardo Zapata, de 37 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

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De acuerdo con los informes preliminares, el hombre presenta quemaduras de segundo grado, insuficiencia respiratoria y lesión pulmonar provocada por inhalación de humo. Su estado de salud es de pronóstico reservado.

Las autoridades competentes investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho y se espera que en las próximas horas ofrezcan mayores detalles sobre el caso y posibles acciones judiciales contra el presunto agresor.

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Stephany Rosario indicó que a raíz de esa modificación, cualquier proceso de persecución por actos indebidos cometidos por funcionarios o proveedores debía sustentarse en leyes supletorias de la administración pública, lo que generaba limitaciones en la aplicación directa de consecuencias dentro del propio marco de compras y contrataciones.

SANTO DOMINGO, República Dominicana; . – La especialista en compras y contrataciones públicas, Stephany Rosario afirmó este martes que la nueva legislación en materia de compras del Estado establece un régimen de sanciones más estricto, tanto para proveedores como para funcionarios públicos que incurran en irregularidades.

Rosario explicó que la Ley 340-06, que sustituyó a la Ley 4725, fue modificada el mismo año de su promulgación para eliminar el régimen de sanciones que originalmente contemplaba.

“En el 2006, cuando se promulgó esta ley que estuvo vigente hasta el pasado 28 de enero fue modificada para eliminar las sanciones que contenía. No había ninguna sanción por el incumplimiento de algún mandato que tuviera la ley”, explicó.

La experta ofreció las declaraciones al ser entrevistada por los comunicadores Nison Batista y María López en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.

Stephany Rosario indicó que a raíz de esa modificación, cualquier proceso de persecución por actos indebidos cometidos por funcionarios o proveedores debía sustentarse en leyes supletorias de la administración pública, lo que generaba limitaciones en la aplicación directa de consecuencias dentro del propio marco de compras y contrataciones.

Sin embargo, sostuvo que la normativa actual reincorpora un régimen sancionador claro y específico, tras detallar que la ley contempla penalidades no solo para los proveedores del Estado que incurran en faltas sino también para los funcionarios que participen o faciliten acciones irregulares.

Dentro de las disposiciones se establecen, según Rosario faltas clasificadas como leves y de primer, segundo y tercer grado cuyas sanciones van desde amonestaciones formales hasta la suspensión de funciones y del salario por un período de hasta 90 días, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La especialista destacó que estos cambios representan un avance significativo en materia de transparencia y fortalecimiento institucional, al dotar al sistema de compras públicas de herramientas legales para sancionar directamente el incumplimiento y reducir espacios de impunidad.

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